Con la publicación de la propuesta del proyecto de decreto reglamentario relativo al Plan Nacional de Regulación de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular, el Gobierno preparó el terreno para la visita de la CIDH. Con dicho plan el Gobierno contempla “un proceso especial de naturalización” para hijos de extranjeros ilegales, nacidos en República Dominicana.
Los miembros del Consejo Nacional de Migración recibirán, el próximo lunes, a los delegados de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), que recién expresó su rechazo a la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Los delegados vendrían a pedir al Gobierno que suspenda la aplicación de la sentencia 168-13, la cual establece que a los hijos de extranjeros indocumentados nacidos en territorio dominicano no les corresponde la nacionalidad dominicana.
Pero con la publicación del proyecto de reglamento las autoridades dominicanas salieron al frente y esperan a la CIDH con la solución al problema. En la propuesta se establecen que para los nacidos en territorio dominicano hijos de padres extranjeros, en condición migratoria irregular, a quienes no les correspondía la nacionalidad dominicana, les asistirá la potestad de acogerse al proceso especial de naturalización ya definido.
Explica que para acogerse al plan, todo extranjero debe presentar documentos de identidad personal, regularmente expedidos por autoridades competentes del Estado del cual resulta nacional, con sus datos personales, para ser registrado por el Ministerio de Interior y Policía en un registro de evaluación creado para tales fines.
En sus consideraciones previas sobre la sentencia, el organismo internacional ya se había expresado en contra de la decisión del Tribunal Constitucional. “Esta decisión del Tribunal Constitucional va en sentido contrario a todos los pronunciamientos de la CIDH y viola las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos”, apuntó el organismo regional en un comunicado el pasado 8 de octubre.
Objeciones de Castillo Semán
El dirigente de la Fuerza Nacional Progresista, Vinicio Castillo Semán, objetó que al país se le prohíba deportar ilegales por 18 meses, como se contempla en la redacción del Artículo 38 del Proyecto del Plan de Regularización de Extranjeros.
Consideró que ese párrafo viola la Ley de Migración y la Constitución de la República. En tal sentido, pidió al Ministerio de Interior y Policía y al Poder Ejecutivo modificar ese texto para que la prohibición de deportación de ilegales se limite a los extranjeros que hayan decidido acogerse al Plan de Regularización de Extranjeros.
Expresó que decretar una prohibición abierta de las deportaciones significaría que el país está renunciando a un derecho soberano constitucional establecido en la ley. Advirtió que eso sería también un llamado a que cientos de miles de haitianos ingresen al país con la garantía de que no serán deportados.
En otro orden, aunque el Consejo Nacional de Migración otorgó un plazo de tres días hábiles para todos los interesados en formular recomendaciones sobre el mismo, esa decisión contraviene con el artículo 50 del reglamento de aplicación de la ley de Libre Acceso a la Información Pública que establece, para esos fines, un mínimo de 25 días.
Los delegados vienen a informarse sobre el tema
El pasado 29 de octubre, el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, anunció que una misión de ese organismo visitará la República Dominicana para analizar la decisión del TC respecto a los inmigrantes haitianos, pero no se había establecido la fecha.
Al hacer el anuncio, Insulza dijo que la misión viene a informarse en el terreno sobre los efectos de la sentencia “que afecta a los hijos de los inmigrantes.
