El Gobierno dijo ayer que asume la responsabilidad por la adopción de decisiones en procura de reducir los niveles de pobreza y desigualdad social de la región Sur. En un comunicado titulado “Los habitantes del Sur tienen derecho al bienestar”, la Presidencia explicó que mediante la puesta en marcha de un proyecto turístico de “gran alcance” que incluye el litoral playero de Pedernales, dejó fuera los 1,318 kilómetros cuadrados de áreas protegidas que se encuentran dentro de Pedernales”.
Asimismo, destacó que el gobierno del presidente Danilo Medina contribuye a reducir la desigualdad social que prevalece en la sociedad dominicana, “siempre apegado al marco jurídico vigente, la transparencia y el interés nacional”.
Según el documento, “revertir esa situación requiere de la toma de acciones urgentes, entre ellas el desarrollo del Polo Turístico Ampliado de la Región Suroeste”. “No podemos ser indiferentes ni cruzarnos de brazos por más tiempo”, explica el Gobierno en su comunicado.
“Las áreas protegidas seguirán siendo un patrimonio nacional, que no será tocado. ¡Garantía total!”, expresó.
Parte de los terrenos en los que el Gobierno pretende desarrollar ese plan turístico son objeto de una litis judicial que está siendo ventilada nuevamente en la Procuraduría General de la República.
Un considerable número de personas, que aún no han sido identificadas con precisión, ha sido investidas con “derechos registrados” en los referidos terrenos, con cuyas partes el Estado ha decidido gestionar “acuerdos transaccionales”, a pesar de que los “certificados de títulos” emitidos por parte del Tribunal de Tierras, han sido calificados como ilegítimos y que fueron adquiridos de manera fraudulenta.
Esa decisión ha generado una avalancha de críticas hacia el presidente Danilo Medina.
El acuerdo posibilita la conformación de un patrimonio autónomo y la captación de los recursos derivados del proyecto de desarrollo a implementarse en los referidos terrenos.
El Estado percibirá el 55 por ciento de los beneficios y las personas que posean derechos registrados, el 45 por ciento.
Los fondos divisados serán destinados a la ejecución de los planes de desarrollo y obras de infraestructura de la Región Suroeste, lo que marcará un paso gigante para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes, dicen los comisionados de Medina.
El argumento del Gobierno para llevar a cabo los acuerdos es que en razón de que la litis no ha podido ser resuelta en más de 16 años en los tribunales ordinarios, las autoridades no pueden seguir esperando para explotar el potencial turístico que tiene la zona para el bienestar de la población.
