BUENOS AIRES (AP).– Los ex dictadores Jorge Rafael Videla y Reinaldo Bignone, junto con otros ex miembros de las Fuerzas Armadas oirán el jueves sus sentencias por su presunta participación en el robo de 34 bebés nacidos de mujeres cautivas durante el régimen de facto de 1976-1983, al culminar un proceso iniciado en febrero de 2011 y considerado histórico por los organismos de derechos humanos.
Los bebés fueron arrebatados a sus madres biológicas, todas ellas militantes políticas detenidas, y luego adoptados ilegalmente por otras familias.
Es la primera vez que se juzga a los jerarcas de la dictadura y a sus subalternos por ejecutar un plan sistemático de apropiación de menores —un crimen que no tuvo igual entre los demás regímenes dictatoriales de los años 70 en América Latina— que era parte de una estrategia más amplia de represión ilegal contra la subversión en la década de 1970.
Organismos de derechos humanos denunciaron la desaparición de 30.000 personas durante el régimen de facto —los registros oficiales sólo dan cuenta de 13.000 casos_, entre ellas muchas embarazadas que dieron a luz en cautiverio. En general los bebés eran entregados a militares u allegados, quienes los inscribían con su apellido y una fecha diferente de nacimiento para no dejar rastros.
Según Abuelas de Plaza de Mayo, unos 500 niños nacieron en cautiverio o fueron secuestrados con sus padres, de los cuales la organización humanitaria ha restituido la identidad a 106.
La Fiscalía solicitó 50 años de prisión, la máxima pena prevista por la legislación argentina, para Videla y Bignone por los delitos de retención y ocultación de un menor, alteración del estado civil y falsificación de documentos públicos. Ambos ya cumplen condenas a cadena perpetua por otros crímenes de lesa humanidad.
«Sería muy valioso y un hecho histórico que el tribunal declare expresamente que durante la dictadura hubo un plan sistemático de robo de niños y establezca responsabilidades, porque entendemos que es un crimen característico del régimen autoritario de Argentina y los distingue de otras dictaduras de la región», dijo a AP Alan Iud, abogado de las Abuelas de Plaza de Mayo.
