Representantes de varios partidos políticos y organizaciones sociales informaron ayer que lucharán por la aprobación de la Ley de Partidos y el régimen electoral.Más de una veintena de distintas organizaciones políticas y de la sociedad civil, así como activistas sociales hicieron ayer un compromiso público de luchar para exigir del Congreso el conocimiento y aprobación de una Ley Orgánica del Sistema Electoral y de una Ley de Partidos y Agrupaciones Políticas que garanticen elecciones limpias en el 2016.
El anuncio se hizo en una rueda de prensa realizada en el Colegio Médico Dominicano. Entre las organizaciones participantes figuran el Centro Bonó, Patria para Todos, Dominicanos por el Cambio (DxC), el Centro Juan XXIII, Ciudadanos y Ciudadanas por la Democracia (CCD), Participación Ciudadana, Partido Revolucionario Moderno (PRM), la Colectiva Mujer y Salud, Alianza País, Nueva Democracia, el Foro Feminista, el Partido Humanista Dominicano (PHD), La Multitud, Solidaridad Fronteriza, Red de Voluntarios de Amigos Siempre Amigos (Revesa) y Camina RD.
Los representantes de esas organizaciones hicieron un llamado a todos los actores de la sociedad sobre la necesidad de la aprobación de esas iniciativas, y advirtieron que de cara a los próximos comicios es imprescindible la existencia de unas reglas de juego que coloquen a la Junta Central Electoral en condiciones que le permitan garantizar los principios de libertad, igualdad, transparencia, equidad y objetividad que deben regir los procesos electorales.
“La nueva Ley Electoral y de Partidos debe contribuir al desarrollo de los partidos alternativos y los movimientos locales, así como al fortalecimiento de la democracia a lo interno de todas las organizaciones políticas”, establece el documento que fue leído durante la rueda de prensa.
Entienden que en la actualidad el ejercicio de los derechos políticos de la ciudadanía, establecidos en la Constitución, son vulnerados por la ausencia de una legislación que ofrezca garantías en materia de equidad, igualdad de género y transparencia en la participación partidaria y electoral. También abogan para que la Ley evite que se siga filtrando el uso del dinero ilícito en las campañas electorales y el uso del dinero público.
