A tan solo 5 años de una reforma constitucional impulsada por el PLD, en ese momento bajo el liderazgo de Leonel Fernández, el presidente de la República Danilo Medina y nuevo líder de ese partido ha optado por el camino de reformar la Constitución para poder reelegirse, lo que ha ocasionado un aguerrido enfrentamiento entre estos dos líderes.
El debate está contaminado con la pasión y, como siempre sucede, ha encontrado defensores y detractores de las tesis que convienen a ambas partes.
Pero no debemos dejarnos confundir, no se trata de un asunto legal, ni siquiera político, se trata de una lucha entre dos caudillos en un mismo partido por controlar el poder, quienes mueven como peones las fichas del Congreso, y si 27 senadores ayer promovieron la reelección por segunda vez consecutiva de uno, 27 podrían estar dispuestos ahora a promover la reelección del otro.
La ambición y el ego de nuestros caudillos han marcado negativamente nuestra historia, debilitando las instituciones y haciendo que las decisiones de la Nación en vez de ser tomadas por el interés general, lo sean por los caprichos de los líderes de turno.
Lamentablemente este caudillismo ha encontrado siempre apoyos populares gracias al clientelismo y no solo entre los más vulnerables, sino también entre los más poderosos política, económica y socialmente, a cambio de todo tipo de beneficios o, por el temor de que cualquier oposición perjudique o ponga en riesgo sus intereses. Por eso un referendo aprobatorio podría convertirse en un enorme e inútil gasto público, debido al clientelismo que se utilizaría para lograr su aprobación.
Lejos de centrar el debate en una discusión legal estéril, lo que debería estarse discutiendo es cómo una Constitución que fue exaltada como moderna y democrática, tiene carencias fundamentales que permiten una total laxitud para reformarla, dado que expresamente el liderazgo político quería seguir teniendo carta abierta para hacerlo; por eso ni incluyeron mayoría especial para la aprobación de la ley de convocatoria, ni referendo obligatorio para poder modificar este aspecto de la Constitución, como sí lo hicieron con otros como el régimen de la moneda y la banca.
Peor aún, cualquier modificación que se quisiera realizar para modificar los procedimientos de reforma instituidos en la Constitución, requerirá de la ratificación mediante referendo, por lo que sí se ocuparon de “blindar” la laxitud convenida expresamente en la Constitución vigente.
Si de verdad quisiéramos defender el orden constitucional y fortalecer nuestras instituciones deberíamos rechazar que la Constitución sea modificada a la merced de las ambiciones políticas y no dejarnos arrastrar por esta lucha de egos por mantener un caudillismo que cercena la separación de poderes, castra los liderazgos y reduce nuestras instituciones a ser presas de su control.
Esta reforma constitucional solo se hará posible conquistando votos a toda costa y asegurando candidaturas a senadores, diputados, alcaldes y regidores que no merecen ser repostulados, así como de mantener todo un aparato gubernamental desgastado, inoperante y excesivo.
Si no queremos que esto suceda y que se siga resquebrajando nuestra débil institucionalidad, no nos dejemos envolver en una lucha donde no hay ni malos ni buenos, sino ambición de retener un poder que a la larga, sin instituciones fuertes, acabará viciando a los que hoy percibamos como buenos.
