El Senado aprobó en segunda lectura el proyecto de Ley Orgánica de la Administración Pública que procura limitar a no más de seis el número de viceministros por cada dependencia Estatal.
Esta pieza legislativa, elaborada por el Ministerio de Administración Pública, podría parecer en principio algo muy positivo para combatir la ineficaz hipertrofia estatal que abulta las nóminas e impide una necesaria austeridad. Sin embargo, llevando el número de viceministros a seis, lo cierto es que en muchos casos se aumenta la cantidad máxima de viceministros establecida en las respectivas leyes que crean los distintos ministerios.
Por ejemplo, el artículo 48 de la Ley General de Juventud establece que para el Ministerio de la Juventud no habrá más de cuatro viceministros. De igual forma, la Ley 494-06 de Organización del Ministerio de Hacienda contempla en su artículo 4 un máximo de tres viceministros para laborar en dicha entidad, a pesar de los 10 que existen en la actualidad.
Algo parecido ocurre en el Ministerio de Medio Ambiente donde, aunque hay actualmente ocho viceministros designados, la Ley 64-00 sólo establece cinco en su artículo 20. También, a pesar de los siete viceministros del Ministerio de Cultura, la norma que la crea, Ley 41-00, hace referencia en su artículo 17 a los tres que deben laborar en la cartera. Y por supuesto, aunque sorprenden los siete designados en el Ministerio de Economía, la Ley 496-06 establece en su artículo 9 que sólo tres conformarán el Ministerio.
Lo anterior deja claro entonces que, aunque la intención del proyecto de ley que busca limitar a seis los viceministros puede ser buena, realmente el mismo es innecesario ya que las leyes vigentes establecen límites aún inferiores. Por ende, lo que hace falta no es una ley nueva, sino voluntad política y firmeza para cumplir las que ya existen.
A pesar de que el tema de los viceministros se discute en estos días previos al inicio de una nueva gestión gubernamental, la discordancia entre la cantidad de designados en un Ministerio y la cantidad que debe existir en dicho Ministerio de acuerdo a la ley que lo crea es, lamentablemente, práctica común en la República Dominicana.
Lo peor no es siquiera la cuestión legal o el divorcio con el discurso gubernamental de austeridad, sino que, los sueldos de estos y otros tantos innecesarios funcionarios se producen con el dinero que sale de los bolsillos de personas que pagan impuestos sin ver una justa retroalimentación. Ojalá el nuevo Gobierno haga lo que nunca se ha hecho y cumpla con estas leyes.
