La propuesta de modificación del Código de Trabajo, que tan diligentemente patrocinaron empresarios de zona franca hace un par de años, ha sido asumida por todo el empresario nacional como una de sus prioridades y forma parte de la agenda de la actual administración.
La iniciativa se discute actualmente en un escenario desbordado por la realidad del país: una comisión tripartita, en la que están representados el Gobierno, los patronos y unas debilitadas centrales sindicales. Lo que uno espera es que un eventual proyecto de ley sea discutido ampliamente, y en vistas públicas, en el Congreso Nacional, pues aunque el sector sindical merece toda la solidaridad, ciertamente ellos únicamente representan a sus afiliados. El discurso que ha prevalecido –y del que no escapa ningún medio de comunicación- es que los “sindicalistas”, se oponen a algunas de las reformas planteadas por los empresarios, cuando lo cierto es que lo que está pretendiendo el sector empleador afectará, en forma dramática, a todos los empleados bajos, altos y medios del país. Y no sólo a los del sector privado, sino a los de aquellas empresas donde el Estado es accionista único o mayoritario.
Algunas de las propuestas del sector patronal, como bien ha destacado el eminente juslaboralista Rafael Alburquerque, no sólo retrotraerían la normativa laboral a los tiempos del dictador Rafael L. Trujillo, sino que resultan abiertamente inconstitucionales. Más aún: la contrarreforma laboral implicaría una vulneración de algunas resoluciones y convenios de la OIT y, en especial, del artículo 26 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, mediante el cual la República Dominicana como Estado firmante -en ejercicio de su soberanía nacional- se comprometió a garantizar un desarrollo progresivo de los derechos sociales y económicos.
Si el Banco Mundial acaba de revelar que el crecimiento económico de los últimos años no modificó en lo deseado la distribución de la riqueza en el país, una reforma laboral regresiva lo que propiciaría es un incremento de la desigualdad social, así como un previsible aumento de la delincuencia, la inseguridad ciudadana y las protestas sociales.
No es posible que se pretenda aumentar la jornada laboral a 48 horas semanales, que se busque deteriorar el “empleo juvenil”, pagando medio salario mínimo y sin reconocer derecho a cesantía durante el primer año, entre otras propuestas.
Del mismo modo, avalar el despido injustificado, mediante la eliminación de la cesantía, no sólo sería una forma de entronizar el “capitalismo salvaje” que acremente criticó Juan Pablo II en Centesimus Annus, sino eludir el compromiso que todos los dominicanos asumimos al proclamarse la Constitución de 2010, de contribuir a edificar en esta nación un Estado Social Democrático y de Derecho, donde todos los derechos –incluyendo los económicos y sociales- sean exigibles.
