Hay que aprobarlo

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El presidente Danilo Medina se tomó todo el tiempo que entendió necesario y finalmente sometió el proyecto de ley para establecer un régimen especial para personas nacidas en el territorio nacional, inscritas irregularmente en el Registro Civil, y ordenar un procedimiento de regularización de otras personas no registradas.

La iniciativa es la respuesta esperada después de la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional, que generó tanta polémica nacional, en Haití y en otros países, y críticas desde organismos internacionales. Era muy obvio que había que buscar una salida, por la realidad misma observada en los considerandos de la pieza.

El Tribunal Constitucional, al emitir su sentencia sentó un precedente. La base que permitiría dar la solución contenida en el proyecto de ley. Es un hecho que la República Dominicana, si bien tiene un régimen de nacionalidad claramente establecido en su Carta Magna, por la falta de reglas y por violaciones a las leyes, sufre un flujo de ciudadanos desde Haití que se establecen por la libre, fundan familia y adquieren derechos que hemos debido reconocer.

La ley sería  una salida, toda vez que concedería derecho de naturalización a quienes están inscriptos en el Registro Civil, incluso de manera irregular,  y abre las compuertas para registrarse a quienes no lo están como un mecanismo para iniciar un proceso de regularización de su presencia en el país.

No hay ninguna objeción al establecimiento del régimen especial en beneficio de hijos de padres y madres extranjeros no residentes nacidos en el territorio nacional desde el 16 de junio de 1929 al 18 de abril de 2007 inscritos en los libros del Registro Civil en base a documentos no reconocidos por las normas vigentes.

Pero es necesario señalar que el registro previsto en la letra b) del artículo primero del proyecto obligaría a los organismos del Estado a trabajar con mucha calidad para que no haya un desbordamiento.

El proyecto debe ser aprobado. Es necesario dar un paso hacia adelante. La esperanza es que quienes pretenden decidir el destino dominicano desde el exterior acojan esta iniciativa como un acto humano, dentro de las prerrogativas de un Estado soberano.

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