Hay que continuar

El gobierno comunicó que continuará con la implantación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales.

El gobierno comunicó que continuará con la implantación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros Ilegales. El Plan  es un mandato de la ley de Migración de 2004. Es la respuesta de las autoridades para tratar de contener las presiones. Se enfatiza que la iniciativa es el resultado de la sentencia 168-2013 del Tribunal Constitucional, que simplemente urge su aplicación en los términos de la mencionada ley.

Los dominicanos han manejado el tema migratorio con dejadez asombrosa, al extremo de que a una ley con cerca de diez años de promulgada se le elaboró el reglamento en 2011. Es decir, que el rezago sólo refleja la falta de voluntad para poner orden en casa, orden que ahora se comprende mejor su importancia para la vida de la República.

El Plan en vía de aplicación ha generado objeciones,  de los defensores a ultranza de los derechos humanos, que propugnan por una concesión masiva e indiscriminada de estatus a todo extranjero indocumentado, sin considerar medios ni vías, aunque se arrase el imperio de la ley. Es cuestión de derechos.
 
Asimismo, desde otra perspectiva,  una defensa igualmente apasionada del sentido de soberanía y de Nación. Lo cuestionan por su aspecto condescendiente, al extremo de que carecería de legalidad. En efecto, sobre lo que más llaman la atención es la falta de rigurosidad de los procedimientos para acogerse al mismo y la expresa renuncia del Estado dominicano a ejercer sus prerrogativas de expulsión de los ilegales. Entienden que  la prohibición de las deportaciones durante un lapso de un año y medio puede ser un estímulo a la inmigración ilegal. Se cuestiona también la pobreza de los términos documentales como elementos probatorios de arraigo para acogerse al plan.

La realidad es que el Plan se hizo aceleradamente y pueden surgir muchísimas observaciones. Pero el gobierno está dando una respuesta, comprometido con el mandato del Tribunal Constitucional y en consonancia con la ley. En ese sentido, hay que respaldar a las autoridades para que prosigan hacia adelante, al margen de las objeciones, que pudieran ser muchísimas. Lo importante es no detener la marcha.

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