Poco a poco, lamentablemente, se han ido haciendo realidad muchas de las predicciones en torno a la nueva Constitución prometida como una revolución democrática institucional; la cual a la postre tuvo como único objetivo el deseo de restablecer la reelección presidencial indefinida que tanto daño ha hecho a este país desde el principio de su historia republicana. El Tribunal Superior Electoral, creado por la misma, que muchos advertimos que no era necesario y que perfectamente sus funciones habrían podido ser realizadas por jueces ordinarios habilitados a los fines; está demostrando ser una caja de resonancia del partido oficial que decidió su integración.
La reciente decisión tomada por este Tribunal en ocasión del recurso de impugnación de la asamblea de delegados del Partido Nacional de Veteranos Civiles (PNVC) celebrada en fecha 19 de febrero de 2012, ha confirmado todos los vaticinios de que la conformación política de dicho tribunal iba a pesar en las decisiones del mismo.
Afortunadamente la propia ley orgánica del TSE otorga la facultad de emitir lo que se denomina voto disidente o razonado, mediante el cual el magistrado que no esté de acuerdo con la decisión tomada por la mayoría puede presentar los argumentos que justifican su disidencia; lo que efectivamente hizo en este caso el presidente de dicho Tribunal, Mariano Rodríguez.
Cuando se examinan los argumentos esbozados en el voto razonado, no hay que ser abogado para convencerse de los mismos. Resulta que algunos miembros del PNVC demandaron la nulidad de la convención celebrada por dicho partido en la que se aprobó una alianza con el PRD alegando que no se había producido la reestructuración de los delegados requerida por los estatutos de dicha organización. Sin embargo, no probaron cuáles eran los delegados que habían sido electos indebidamente, limitándose a hacer una impugnación general del padrón. Aunque se demostró que la referida asamblea se había hecho con el quórum requerido y respetando las normas de publicidad, el TSE con su sentencia echó por tierra la jurisprudencia electoral respecto de asambleas partidarias, el derecho fundamental a la auto organización de los partidos políticos y el de elegir y ser elegido; así como principios fundamentales de nuestro sistema de Derecho como que al demandante le corresponde la carga de la prueba.
Esa sentencia parecería tener como única explicación la urgente necesidad de aniquilar la posibilidad de inscripción de una alianza entre el PNVC y el PRD, ya que ante la inminencia del plazo límite para presentar alianzas por ante la JCE, era materialmente imposible convocar otra asamblea.
Este fallo podría ser una señal de cómo los intereses políticos particulares pueden imponerse a la justicia y la razón, cuando los miembros de un tribunal han sido escogidos con este despropósito. Mariano Rodríguez se ha convertido en un hombre solo al frente de un tribunal que al parecer buscará hacer política y no justicia. Todavía es muy rápido para saber cuántos más de los magistrados electos por el Consejo Nacional de la Magistratura lo acompañarán en su soledad.
