Es un hecho conocido que el presidente Danilo Medina cuando era candidato tenía un equipo de asesores brasileños manejando su campaña y una gran afinidad con la presidente de ese país Dilma Rousseff; a la que visitó poco tiempo después de ser electo. La experiencia de Brasil, que se ha convertido en la sexta economía mundial, impresiona a sus pares latinoamericanos y particularmente nuestro Presidente dejó ver siempre su admiración sobre las políticas públicas llevadas a cabo por ellos que no sólo dispararon su crecimiento, sino que lograron reducir significativamente los altos niveles de pobreza.
La presidente Rousseff llegó al gobierno impulsada por su antecesor Ignacio Lula Da Silva, quien no podía presentarse a un tercer mandato. Por eso heredó su equipo de gobierno y asesores. Sin embargo, su firmeza en la lucha contra la gran corrupción existente ha provocado que muchos de esos funcionarios heredados hayan salido de su gobierno, incluyendo ocho ministros que decidieron renunciar ante los escándalos de corrupción y la certeza de que serían investigados. Esa ha sido quizás la mejor forma de liberarse del legado recibido y crear el suyo propio. Esta lucha ha tocado lo más alto de su gobierno, ya que acaba de cancelar a su jefa de gabinete junto a otros funcionarios, todos vinculados a una red de corrupción que manipulaba la asignación de contratos públicos; desmantelada por la operación “Porto Seguro”.
El problema en nuestro país es que no importan los escándalos que se produzcan, las denuncias, el rumor público, el incremento patrimonial astronómico que exhiban funcionarios o contratistas del Estado; nada sucede porque todo el mundo alega ser inocente, víctima de una persecución política, demeritando a sus acusadores y arropándose bajo el manto de la impunidad. Lo que socava la confianza de la población en sus autoridades.
Los tiempos han cambiado y por más esfuerzos que se hagan para enterrar ciertos hechos, los mismos siempre se revelan y se difunden vertiginosamente a través de los medios electrónicos y las redes sociales; lo que ha forzado la investigación y enjuiciamiento de altos funcionarios y dignatarios en muchos países; desde la monarquía española con el caso Urdangarin hasta la acusación de financiación ilegal de la campaña del año 2007 del expresidente francés Nicolás Sarkozy por la heredera del emporio L’Oréal, en la que recientemente ha debido prestar declaraciones.
Aunque el presidente Medina habló para rendir cuentas de sus primeros 100 días de gobierno mencionando acciones que ya eran conocidas por todos, se percibe que fue para intentar acallar a una sociedad disgustada que empieza a dar señales de resistencia a seguir cargando con los platos rotos de los desórdenes gubernamentales. Al parecer ha decidido no emular los pasos de Rousseff en Brasil, cerrando los ojos e intentando vender un nuevo borrón y cuenta nueva a una sociedad que de tanto no echar piedras para atrás, tiene un difícil y empedrado camino que recorrer y la pesada sensación de no llegar nunca a una meta.
