El “Plan de regularización de extranjeros en situación migratoria irregular” es una pieza imprescindible para el ordenamiento migratorio en el país. El Plan es un mandato de la Ley General de Migración de 2004, pero la negligencia del Ejecutivo había impedido su concreción.
Por años, las organizaciones de defensa de los derechos humanos y de los de la población migrante lo estuvieron demandando, con el objetivo de contener el desordenado proceso migratorio y evitar los abusos y extorsiones contra migrantes en situación irregular.
Paradójicamente, fue la perniciosa sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, la cual conculca derechos elementales a dominicanos y dominicanas descendientes de inmigrantes, la que forzó al Poder Ejecutivo a abandonar la irresponsabilidad, y a acelerar su confección e implementación.
Como el propio decreto lo indica, el plan no involucra a las personas potencial o efectivamente desnacionalizadas, es decir, a dominicanos/as nacidos/as en territorio nacional de padres/madres migrantes establecidos/as en el país, y que por derecho les correspondía la nacionalidad que el Constitucional y sectores anti-inmigrantes pretenden desconocer. La población objetivo del plan es la migrante, es decir, la nacida fuera del territorio nacional y que está en el país en situación irregular.
El Plan parece estar bien estructurado, respeta acuerdos internacionales en la materia, y facilita el proceso de regularización en la medida en que la persona migrante demuestre una relación económica, laboral o arraigo.
Sin embargo, poco se ha reparado en sus implicaciones económicas. Aunque los objetivos del plan son diversos, y trascienden el ámbito económico, uno de los argumentos más importantes que motivan el control migratorio es que la elevada inmigración haitiana contribuye a deprimir las remuneraciones laborales de la población de ingresos más bajos, y con ello a sostener tasas de pobreza elevadas y una alta inequidad.
Además, se argumenta que la inmigración desincentiva el progreso tecnológico y la inversión de capital, porque en la medida en que haya disponible fuerza de trabajo poco calificada de bajo costo, siempre resultará más rentable contratarla y adoptar técnicas intensivas en ese tipo de trabajo.
El argumento es parcial porque ignora la existencia de segregación laboral, es decir, de trabajos en los que los migrantes no compiten con la población dominicana, precisamente por los bajos salarios. Tampoco considera el hecho de que el trabajo de la población migrante en la agricultura con salarios muy bajos garantiza el abastecimiento de alimentos a precios menores, incrementando el poder de compra de los salarios.
No obstante, el argumento económico tradicional no queda totalmente invalidado, aun cuando hay segregación laboral, porque la población no migrante buscaría ocuparse en otras actividades, lo que aumenta la oferta laboral en ellas contribuyendo a deprimir sus salarios.
Siendo así, es inescapable que una de las consecuencias de mediano y largo plazo de un proceso de regularización migratoria sea elevar los salarios de las ocupaciones de los migrantes al restringir la oferta de trabajadores/as extranjeros y hacer efectiva la legislación laboral, impidiendo la discriminación por origen o nacionalidad e igualando las condiciones contractuales de migrantes y no migrantes, en materia salarial y de seguridad social. Si no lo hace, habrá perdido uno de sus motivos más fundamentales.
Pero, ¿entiende el Estado y la sociedad dominicana que regularizar a los trabajadores migrantes implica dignificar sus salarios y sus condiciones laborales? ¿Entienden, además, que eso implica transformar a los sectores en los que los migrantes se ocupan? ¿Están preparados éstos a asumir ese reto? ¿Qué hará el sector de la construcción frente a cargas laborales más elevadas? ¿Y el sector agropecuario? ¿Entendemos que podríamos vernos obligados a pagar precios más elevados por los alimentos y por nuestra infraestructura? ¿Está dispuesto el Estado a pagar un mayor costo por la inversión pública, o las empresas contratistas a reducir su rentabilidad para mejorar las remuneraciones a los trabajadores haitianos (o eventualmente dominicanos)? ¿Qué debería hacer el Estado frente a la pequeña agricultura empobrecida productora de alimentos enfrentada a un alza en los costos salariales? ¿Y la agricultura de exportación como el banano? ¿Cuáles son los planes contingentes de esos sectores? La construcción de una sociedad justa, con mayores oportunidades y con trabajo y salarios dignos para nacionales y migrantes, debe ser un objetivo supremo del Estado. Pero ello requiere de respuestas. l
