Se impone una ley de salarios

La ya famosa pensión  de Haivanjoe NG Cortiñas obliga necesariamente a pensar en la necesidad de una política de salarios e ingresos de los servidores del sector público, desde el más encumbrado hasta el más

La ya famosa pensión  de Haivanjoe NG Cortiñas obliga necesariamente a pensar en la necesidad de una política de salarios e ingresos de los servidores del sector público, desde el más encumbrado hasta el más simple. Lo impone el sentido común ante una situación que los líderes del propio gobierno han definido como crítica, por el nivel de endeudamiento y el déficit en las recaudaciones públicas. Pero además, porque es más que perceptible la hipersensibilidad de la población ante situaciones enojosas  en el manejo de los recursos públicos, y en particular, en el régimen de compensaciones por servicios prestados.

Y es que por más especializada que sea una institución del Estado, seguirá siendo una agencia de servicio público, y bajo esos parámetros debe funcionar, dentro de los estándares de calidad y eficacia en el cumplimiento de sus misiones, y los salarios deben estar determinados por normas y criterios en función de la naturaleza de los puestos.

No pueden dejarse a la discrecionalidad  de los incumbentes, apartados de  política general del Estado en la materia salarial. En ese sentido, una legislación es fundamental. Obviamente, siempre existirán determinadas escalas y niveles salariales. Lo que no puede aceptarse es un régimen donde se rompan los parámetros  y el sentido de justicia. Es inaceptable un sistema que profundice las diferencias.

Tampoco debe conducir a una disminución de la dignidad del servidor, sin considerar la categoría de los puestos. El servicio público tiene que estar rodeado de las condiciones adecuadas que estimulen la fidelidad a las instituciones.

Todo eso es posible. Pero de manera muy general, los dominicanos debemos estar conscientes de que la moderación en la política de salarios no debía sólo establecerse por una situación transitoria de crisis, sino por la comprensión de que el Estado nacional tiene una pesada deuda social, que definitivamente debe resarcir.

Y un país así no puede ser gobernado por una élite de burócratas tan bien pagada y alimentada que no pueda siquiera darse cuenta de la dramática realidad nacional.

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