La discusión sobre las reformas institucionales, la convocatoria de los actores políticos y sociales para la construcción de consenso y el celo respecto a las competencias de las instituciones formales del sistema político, han puesto de relieve la vieja discusión sobre el sentido del diálogo en la democracia. El régimen democrático supone no solo la participación electoral o el ejercicio del poder a través de los órganos de representación, sino además, el diálogo, el debate público y la negociación.
Los procesos de diálogo contribuyen a dar más legitimidad a las instituciones, a las reformas y a las políticas públicas. Por esta razón, al abordar el tema de la institucionalidad democrática se ha insistido en la conveniencia de establecer mecanismos de diálogo que cuenten con la participación de los diversos sectores. Que el presidente de la República haya propiciado un espacio de búsqueda de consenso para las reformas políticas y electorales ha sido muy acertado.
Superar los obstáculos presentados hasta el momento se constituye en un enorme reto. Lo primero es entender que este tipo de diálogo requiere de la más amplia participación de los distintos actores políticos y sociales en las diversas fases del proceso. En tal sentido, después de la correcta decisión de incorporar a los partidos pequeños en las conversaciones en torno a la ley de partidos y electoral, corresponde ahora la plena integración de los representantes de la sociedad civil a través de la Iniciativa por la Institucionalidad Democrática.
En segundo lugar, no se puede limitar el diálogo al ámbito de las reformas jurídicas, sino que el mismo debe abordar temas esenciales para la institucionalidad política y electoral del país. Por ende, la integración de los órganos electorales y de la Cámara de Cuentas, son temas que no pueden estar ausentes del diálogo. Tomar en cuenta las opiniones de los partidos de oposición y de la sociedad civil respecto al perfil y procedimiento de elección de estos órganos, no implica renunciar a la facultad que da la Constitución al Congreso y al Consejo Nacional de la Magistratura.
Por último, los espacios de diálogo no se abandonan. A pesar de las dificultades que se pueden presentar y sin dejar de demandar que se creen las condiciones necesarias para un diálogo creíble, es necesaria la participación activa y permanente de los distintos actores. Desde el escenario del diálogo se tiene mayor capacidad para la crítica y para incidir en la dirección de las decisiones. Por tal razón, los partidos de oposición deben reconsiderar su retiro del diálogo por las reformas políticas.
