El marco jurídico dominicano ha venido reconociendo cada vez más el derecho a la participación ciudadana en los asuntos de carácter público. Este derecho se amplió en la Constitución a partir del 2010, la cual aborda en su artículo dos el tema de la Soberanía Popular, estableciendo que además del mecanismo de la representación, los poderes se ejercen de forma directa por los ciudadanos. En esta área, como en muchas otras, sigue siendo un gran reto que lo que está contenido en la ley se convierta en prácticas institucionales y sociales.
Dentro de las múltiples formas de participación se encuentra la del control social o las veedurías ciudadanas. Esta consiste en el seguimiento social a las instituciones del Estado, para velar y a su vez contribuir, con la eficiencia y transparencia en su desempeño. Estas veedurías no sustituyen a los órganos de control del Estado, sino que hacen un aporte desde la sociedad en procura de mejorar la calidad de las políticas públicas. El fin último de los ejercicios de veedurías es asegurarse de que los recursos del Estado sean bien administrados y que los servicios públicos que se brindan a los ciudadanos respondan a sus necesidades.
Por esta razón, se debe valorar como positiva la iniciativa del Ministerio de la Presidencia de promover las Comisiones de Veedurías Ciudadanas a las compras públicas, a partir de la integración de diversos sectores sociales, económicos y religiosos del país. Estas comisiones están reguladas por los decretos 188-14 y 183-15, que las definen como instancias independientes, con carácter cívico, voluntario, proactivo y ad honorem. En dos años de funcionamiento, estos aspectos se han respetado. Con avances y retrocesos, a lo largo de este período se ha venido haciendo un trabajo que ha implicado aportes y ha identificado diversas dificultades en el sistema de compras.
El debate sobre este tema adquirió relevancia esta semana a partir de la renuncia de cinco miembros de la Comisión de Veeduría del INABIE, dada la continua negación de información por parte de dicha institución. Esta decisión, a la que tienen derecho los renunciantes, no invalida el ejercicio de las veedurías. La misma solo evidencia que este esfuerzo no está libre de obstáculos y que la participación de los ciudadanos en el monitoreo social, permite sacar a la luz pública los problemas que aún persisten en distintas instituciones del Estado, como el del manejo discrecional de la información. En los asuntos públicos, es preferible la incordia del ciudadano que se hace presente, a la tranquilidad del funcionario actuando en la más absoluta opacidad.
