Me sorprendí cuando me preguntaron si había firmado el documento de los diputados del PLD en apoyo a nuestro amigo y aliado, el expresidente Leonel Fernández.
Nunca me fue presentado a la firma, y cuando algunos colegas me dijeron que estaba circulando para suscribirlo, les advertí que era preferible esperar sus explicaciones. De todos modos, se difundió que yo lo había firmado.
Si sus promotores me hubieran consultados previamente, o permitido intervenir en su redacción, le habría dado otro enfoque.
Desde luego, que no comparto la acción de ciertos sectores por descalificarlo y procesarlo judicialmente, junto a algunos de sus colaboradores.
Sé por informaciones fidedignas que los que desde la sombra conciben y estimulan estas acciones, aprovechando la ingenuidad y el ardor de jóvenes que quieren cambiar el mundo, no están movidos por deseos sinceros de hacer justicia.
Sé que buscan no solo frustrar la Reforma Tributaria y el Pacto Fiscal, sino sembrar cizaña en el PLD, el Congreso y el Gobierno.
Sé que los problemas graves de un sistema de política y negocios, cada vez más oneroso, no se van a superar personificando las culpas en unos pocos. El circo entretiene pero no transforma.
Pero, también sé que con estas maniobras procuran desviar la atención sobre la verdadera naturaleza de la crisis nacional, sobre la raíz profunda de mucho de nuestros males. Ese aspecto casi tabú, que apenas se menciona ocasionalmente, quizás por aquello que decía el poeta Hölderlin, “El infierno está en lo que callamos”.
El Gobierno dominicano tiene razón cuando afirma que la presión tributaria es baja, pues apenas alcanza al 13.5% del PIB, mientras que el promedio de los países de la región es de 22%. Pero también muchos ciudadanos tienen razón, en especial los de clase media, cuando advierten que no soportan más tributos.
¿Cómo entender esta aparente contradicción? ¿Quién tiene la razón? ¿Qué falta por explicar?
La economía dominicana está acogotada por los altos precios impuestos por los oligopolios, que han prosperado tanto por los impulsos globales como por la fragilidad o complicidad de los órganos de regulación públicos de los mercados de bienes y servicios.
Mientras los impuestos fijados por el Congreso se discuten, se acomodan, se regatean, se protestan, en cambio es muy poco lo que la gran mayoría de los dominicanos pueden hacer frente al “régimen de impuestos privados y ocultos”, que se impone cotidianamente, a voluntad, en casi todos los sectores de la economía.
Esos inicuos mecanismos de expoliación de la población, solo favorecen a una decena de poderosos grupos económicos criollos y foráneos, que en los hechos se han constituido en un suprapoder, lo que distorsiona seriamente el funcionamiento de las instituciones democráticas.
Todos los dominicanos pagan sobreprecios y costos ocultos en la electricidad y los combustibles, en la intermediación financiera, el transporte aéreo, marítimo y terrestre, las comunicaciones, el cemento y las varillas, la comercialización de los alimentos y medicamentos, la propiedad inmobiliaria, etc.
Y cuando ese orden de cosas no se expresa en precios desorbitados, se manifiesta en la falta de calidad de los productos y los servicios, en la propaganda engañosa, en abuso a los productores, o bien, en bajos salarios y degradación de las condiciones laborales, a partir de la desnacionalización de la mano de obra.
Más aun, muchos de los importantes déficits públicos que han generado la presente controversia, están estrechamente relacionados con grandes aprovechamiento de grupos económicos, en el marco de un proceso de concentración de la riqueza y el poder. Verbigracia, el manejo dado a la crisis bancaria 2003.
Me atrevería advertir que de no tomarse medidas oportunas y adecuadas, una buena proporción del enorme gasto público que se asignará a la educación – 500 mil millones en los próximos cuatro años- terminará capturada por las prácticas oligopólicas prevalecientes.
No voy a decir como el presidente Theodore Roosevelt, -republicano y progresista- “que nunca se hablará suficientemente en contra de los monopolistas”, porque de sobra conozco que más allá de las responsabilidades y valores personales, este fenómeno constituye una tendencia estructural del capitalismo, potenciada en los últimos decenios con la desregulación y las privatizaciones, con la financiarización en el ámbito de una “economía canalla”.
El gobierno de nuestro amigo y aliado, el presidente Medina, y su Partido de la Liberación Dominicana, empeñados en aumentar la presión tributaria, combatir la evasión fiscal, y mejorar con sentido social la calidad del gasto público, debe disponerse también a reducir la fuerte presión de los precios oligopólicos, sobre la población.
Es impostergable fortalecer los órganos reguladores públicos, estimular las fuerzas compensatorias del mercado, y profundizar su reforma, mediante la acción equilibradora del Estado en áreas estratégicas. Muy especialmente, esto resulta urgente en la industria eléctrica, a la que el gobierno ha transferido en los últimos diez años subsidios por más de 8 mil millones de dólares, a pesar de sus graves disfunciones y defectos constitutivos.
Actuando en esa dirección, el gobierno del presidente Medina estará, al mismo tiempo, corrigiendo lo que está muy mal y haciendo lo que nunca se ha hecho. Noviembre, 2012. l
