La experiencia con la selección de las candidaturas a las elecciones de mayo, tanto en el PLD como en la oposición, resalta la inaplazable necesidad de una ley reguladora de los partidos y las elecciones dominicanas. Una ley lo suficientemente rígida, garante de la transparencia en el uso de los recursos provenientes del financiamiento público como de fuentes privadas, a fin de superar los vicios que han contaminado la vida de los partidos y las prácticas clientelares propias de una tradición impropia de la competencia democrática.
Esa ley debe obligar a los partidos a realizar primarias en condiciones iguales para todos los aspirantes y en una misma fecha, a fin de impedir la compra de adhesiones y las alteraciones de padrones. Esas prácticas han sido muy dañinas para los partidos, al congelar el relevo generacional y reducir el marco de competencia a lo interno de las organizaciones. Si esa ley no ha sido aprobada no es justo atribuir la responsabilidad a un solo partido porque la oposición ha tenido suficiente representación en el Congreso y amplia receptividad en los medios para crear las condiciones necesarias para su aprobación.
Si el país carece después de tantos años de experiencia electoral y de vida partidaria de una ley normativa de la actividad política y de los partidos, se debe a la falta de conciencia de toda la comunidad política, y no sólo de una de las partes. El desprestigio de la clase política reflejado en las encuestas demanda, sin mayores dilaciones, de la aprobación de esa ley, hartamente consensuada, como vía de salvación del sistema de partidos. La proximidad de las elecciones parece propicia para hacerla realidad y evitar las elecciones de candidaturas de dedo, que tanto daño han hecho a la confianza del pueblo en sus dirigentes.
En el largo tramo recorrido en la búsqueda de esa ley, los partidos, sin excepción, han mostrado su poco apego a las normas democráticas.
