Boca Chica.- Agentes de la Policía Nacional y otros organismos investigativos del Estado están tras las pistas de desconocidos que el pasado domingo incendiaron dos campos cañeros y dañaron la bomba de expulsión que abastece a más de 30 poblados de Boca Chica y varios sectores del municipio Santo Domingo Este.
Los cañaverales incendiados se encuentran entre el distrito Municipal de Estorga, y el paraje de la Joyita de Guerra, por donde pasan las tuberías primarias de los acueductos que lleva el agua potable a los Municipio de Boca Chica, La Caleta, Gautier, La Ureña, La Malena, Jubey, y gran parte de la provincia Santo Domingo.
La tarde de este martes oficiales de la Dirección Central de Investigaciones Criminales de la Policía Nacional se trasladaron al lugar de los hechos desde donde partieron con las indagatorias en busca de los culpables.
Ante la crisis de agua que se ha presentado por este acto considerado como terrorista por los moradores de estas comunidades, el director ejecutivo de la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Boca Chica -CORAABO, Fermín Brito, explicó que brigadas de la CAASD y esa institución se encuentran trabajando en la reposición de la bomba.
De acuerdo con el director de CORAABO, el sabotaje perpetrado por los malhechores de quemar los cañaverales tiene como fin boicotear su gestión, porque su objetivo está dirigido a que la población realice protestas por escasez de agua potable, de acuerdo a informes que obtuvo de los investigadores que llevan el caso.
Brito dijo que del caso esta apoderada la fiscalía del Municipio de Boca Chica, quien espera el expediente de la Policía para actuar en la elaboración del sometimiento a la justicia y posterior medida de coerción de los que resulten involucrados en la acción perversa.
El siniestro provocado por los pirómanos causó la quema de varios postes del tendido eléctrico que alimentan las bombas de impulsión y expulsión del sistema primario de agua potable. Más de 10 kilómetros de alambre resultaron literalmente “achicharrados.
El Código Penal de la República Dominicana señala que los que realicen fuegos intencionales con fines criminales son pasivo de una condena de hasta 30 años en prisión.
