Cada año, centenares de personas pierden su vida en supuestos intercambios de disparos con agentes de la Policía Nacional. Estas acciones son justificadas bajo el deplorable argumento de que la criminalidad se enfrenta sobre la base de la mano dura o de darle “pa’bajo” a los delincuentes, sin importar que vivamos en un Estado de derecho.
Desconocen quienes así piensan, que esta práctica implementada durante décadas no ha contribuido a reducir la delincuencia, sino por el contrario, ha alimentado la espiral de violencia en el país.
El asesinato de civiles en manos de la policía se constituye en una inaceptable violación de los derechos humanos. Esta acción ha servido además, para eliminar testigos y encubrir posibles asociaciones criminales entre miembros de la institución del orden y delincuentes.
Que el común de los ciudadanos piense que la mano dura podrá reducir la delincuencia se podría entender, dada la desesperación ocasionada por el creciente deterioro de la seguridad ciudadana y la debilidad del sistema judicial a la hora de establecer sanciones. Lo que es absolutamente reprochable es que sean legisladores los que promuevan la violencia y el desconocimiento de los derechos fundamentales de los dominicanos y dominicanas.
El país requiere de medidas urgentes para enfrentar la criminalidad y la delincuencia, la cual está atentando contra la tranquilidad de las familias dominicanas. Más allá de la torpe y funesta justificación de la mano dura, se requiere de medidas integrales como el fortalecimiento del estado de derecho, la reforma del sistema judicial y policial, la mejora del sistema penitenciario, la implementación de políticas de prevención y de mecanismo de participación ciudadana.
En el caso específico de la Policía Nacional, es necesario llevar a cabo importantes reformas que permitan que esta institución no sea entendida como un cuerpo militar represivo, sino como un órgano civil al servicio de la prevención del crimen y de la protección de la ciudadanía. Es necesario constituir una policía técnica judicial bajo la coordinación del Ministerio Público. Esto supone que los miembros de la PN desempeñen las funciones para las que fueron contratados y no estar prestando servicios a particulares.
Se debe hacer de la PN una institución eficiente y con capacidad de combatir el crimen y la delincuencia, sobre la base del respeto de los derechos humanos. Para ello, es necesaria una amplia depuración de todo el cuerpo policial, integrando a nuevos miembros con capacidad técnica y honestidad. Todo esto supone mejoras sustanciales de las condiciones laborales de estos servidores públicos, dotando a la PN de los recursos financieros y tecnológicos necesarios.
