La Fundación Justicia y Transparencia (FJT) calificó de positivo el desempeño del Poder Judicial durante el pasado año sobre todo en términos cuantitativos, pero también señala que hubo muchas sombras durante el 2012.
La entidad realizó un informe en el cual destaca el “excelente desempeño y labor realizada por las tres salas y el pleno de la Suprema Corte de Justicia, con 9 mil 136 expedientes fallados, desterrando así la mora heredada del 2011”.
“Es objeto de mención especial y encomio la calidad del trabajo realizado por la sala de lo Laboral, Tierras y Contenciosas Administrativa, que dirige el magistrado Ramón Herrera Carbuccia, donde la mora judicial se ha convertido en casi cosa del pasado”.
Asimismo destaca el aumento general en los salarios de los jueces y de los servidores judiciales de un 20%, una intensa y sostenida capacitación del personal, mejoras en el seguro de salud, remozamiento y acondicionamiento de los locales que alojan el Poder Judicial a nivel nacional y el abastecimiento de los materiales gastable y de oficina, que “son algunos de los cambios y conquista positivas que pueden observarse en la administración de Justicia”.
Aspectos negativos
Sin embargo, en el balance de la Fundación se menciona, “como temas de reflexión y posible revisión profunda”, los reglamentos sobre la carrera judicial, relacionado con la promoción de los jueces atendiendo al escalafón, méritos académicos y desempeño. “Resulta preocupante los múltiples cuestionamientos y quejas de parte de jueces inconformes”.
“Asimismo somos de opinión de que se revisen y adecúen a la Constitución dominicana y en particular a las directrices del debido proceso de ley (artículos 69 de la Constitución), los reglamentos y disposiciones relacionadas con los juicios disciplinarios y la capacidad punitiva que tienen los miembros del Consejo del Poder Judicial a la hora de juzgar jueces por asuntos disciplinarios referidos al ejercicio de sus funciones jurisdiccionales”.
Combate a la corrupción judicial
Otro punto a considerar es el manejo por parte de los jueces de los diferentes expedientes instrumentados por el Ministerio Público, en materia de grandes casos de corrupción judicial, narcotráfico y lavado de activos.
“En la actualidad persiste la percepción de una justicia venal y deficiente, aun cuando se advierten esfuerzos sostenidos del presidente de la Suprema, Dr. Mariano Germán Mejía, de mejorar los niveles de credibilidad del Poder Judicial. De todo esto se desprende la necesidad de crear una ley que penalice y castigue la prevaricación judicial”.
La Fundación Justicia y Transparencia entiende que el combate a la corrupción judicial debe ir acompañado de un sistema de consecuencias y disuasivo real, para que los jueces actúen apegados a criterios éticos y morales a la hora de administrar la justicia.
“Constituye motivo de gran preocupación y alarma la inercia, inoperancia, y lentitud del Tribunal Superior Administrativo en el conocimiento de la acción de amparo que le son sometidos a su consideración. Justicia y Transparencia le pide a la Suprema Corte de Justicia, vigilar el tratamiento que ese tribunal le está dando a los juicios de amparo, los cuales en muchos casos se prolongan hasta por ocho y 12 meses”, es otra de las críticas negativas.
