El sector privado tiene ante sí un reto trascendente. No me refiero únicamente al pequeño grupo de empresarios, unidos por una comunidad de intereses provenientes de negocios o empresas cuyo fin sea el lucro, de todas formas legítimo en una sociedad de libre comercio.

Una de las grandes distorsiones del papel de la iniciativa privada en el desarrollo y manejo de la economía proviene, precisamente, de la propaganda negativa que restringe su definición a ámbitos tan estrechos y exclusivistas. Por el contrario, es un concepto mucho más amplio y generoso. En él concurren todas las actividades individuales o de grupos producto de la libre decisión del ser humano.

Abarca todas las actividades y campos del saber, desde el vendedor ambulante que comercia frutos del campo, hasta el próspero empresario que tiene en su nómina a más de 500 trabajadores, pasando por el artista que plasma en lienzos el fruto de su inspiración y vive de ello.

En los últimos años se han alentado teorías inclinadas a favorecer un creciente papel del Estado, mayor del que ya tiene y ejerce, en los asuntos nacionales. Aplicadas al juego económico, estas doctrinas han resultado catastróficas. La experiencia dominicana debería bastar por sí sola como evidencia irrefutable. La única posibilidad de evitar la repetición de traumáticas experiencias es imponiendo límites a la capacidad de los gobiernos para restringir la libre creación de los individuos.

Pero esto sólo sería posible al través de planteamientos doctrinarios que definan claramente el papel del sector privado, tarea esta que resulta muy difícil a la luz del control que la clase política del país mantiene sobre la vida institucional, mediante el dominio de la estructura estatal, es decir, el Gobierno, el Congreso y la Justicia, y los demás poderes subalternos, como los ayuntamientos y los organismos autónomos.

Los controles, de precios como de cualquier otra naturaleza, han sido fatales para el desarrollo y la producción. Tantas veces se ha pretendido enfrentar el problema del abastecimiento de productos esenciales, mediante sistemas ya desacreditados de cuotas y controles de precios, más drástica ha sido la escasez y más alto han subido los precios. Por lo general, estas clases de medidas terminan destruyendo los mecanismos naturales de comercialización y desalentando la producción. Sus efectos en la economía son desastrosos, reflejándose en crisis de abastecimientos a las que las autoridades sólo pueden ofrecer soluciones temporales.

Regularmente, los mercados bien abastecidos son aquellos dejados en situaciones normales a la libre competencia y a las fuerzas naturales del mercado. Aquí se ha pretendido siempre que un productor bajo los rigores de políticas inflacionarias, venda sus productos por debajo de los costos.

Como ejercicio propio de la demagogia esta práctica resulta fascinante en la medida en que un partido, un líder o un gobierno, puedan satisfacer así necesidades de sectores importantes de la población. Sin embargo, a la larga, e incluso a mediano y hasta a corto plazos en ocasiones, este tipo de política acaba con la producción y afecta más terriblemente a los núcleos sociales a los cuales supuestamente beneficia. Además, las políticas de controles y subsidio sólo han  alimentado una burocracia que crece desordenadamente en la medida en que aumentan las exigencias de un proselitismo de consecuencias funestas para la economía y la propia estabilidad institucional.

La tendencia actual a conferir una presencia más pronunciada del gobierno en la economía, es una clara señal de que no pueden esperarse cambios de visión en materia de política económica y que los controles oficiales seguirán dominando la vida de la nación.

El sector privado tiene un reto trascendente. Al referirnos a él no nos circunscribimos a los grupos empresariales unidos por una comunidad de intereses provenientes de negocios o empresas cuyo fin sea el lucro, legítimo en una sociedad de libre comercio. Una de las grandes distorsiones de su papel en el desarrollo y manejo de la economía proviene de la propaganda negativa que restringe su definición a ámbitos tan estrechos y exclusivistas.

Por el contrario, es un concepto mucho más amplio y generoso. En él concurren todas las actividades individuales o de grupos producto de la libre decisión del ser humano. Abarca todas las actividades y campos del saber, desde el vendedor ambulante, hasta el próspero empresario que tiene en su nómina a más de 500 trabajadores, pasando por el artista que plasma en lienzos el fruto de su inspiración y vive de ello.

En los ambientes políticos se han venido alentando con evidente éxito teorías inclinadas a favorecer un creciente papel del Estado, mayor del que ya tiene y ejerce, en los asuntos nacionales. Aplicadas al juego económico, estas doctrinas han resultado catastróficas. La experiencia dominicana debería bastar por sí sola como evidencia irrefutable.

La única vía para evitar la perpetuación de esas traumáticas experiencias es la de poner límites a la capacidad de los gobiernos para restringir la libre creación de los individuos.

Pero lograrlo requerirá de planteamientos doctrinarios que definan claramente el papel del sector privado, una tarea que resulta muy difícil a la luz del control que la clase política del país mantiene sobre la vida institucional, mediante el dominio de los mecanismos de funcionamiento de la estructura estatal. Me refiero, por supuesto, al Gobierno, el Congreso y la Justicia, y los demás poderes subalternos, como los ayuntamientos y los organismos autónomos.