Doce entidades empresariales y sociales se agruparon para constituir la “Iniciativa por la Institucionalidad Democrática de la República Dominicana” y lanzaron una declaración en la que anuncian que “trabajarán por un gran acuerdo político y social, que tenga por meta alcanzar la institucionalidad democrática indispensable para lograr un verdadero Estado social y democrático de derecho como lo manda nuestra Constitución”.
Esa declaración quizás puede ser suscrita por cualquier dominicano, toda vez que contiene una aspiración por una democracia perfecta fundada en instituciones de derecho y en el cumplimiento de los preceptos previstos en la Constitución.
Los suscribientes están convencidos de que el proclamado Estado social y democrático de derecho previsto en la Constitución es una mera declaración, que sólo se hará realidad a partir de la suscripción de ese “gran acuerdo político y social”.
La democracia actual, que para muchos sigue siendo un proyecto, está llena de imperfecciones. Estamentos e instituciones que no juegan sus roles. El Estado no satisface las grandes demandas nacionales; una profunda inequidad social que es una deuda eterna y uno de los causales de la inseguridad. Trabajadores que sobreviven con sueldos miserables que no dan para nada. Una bomba de tiempo que no podrá ser desactivada de un plumazo mediante un “gran acuerdo político y social” si no se trabaja para erradicar tanta desigualdad.
La nueva visión de la institucionalidad por la que se aboga no se aleja de la misma aspiración contenida en la extraordinaria plataforma idílica que es la Constitución de 2010. La diferencia: que sus propulsores creen que esa meta es sólo alcanzable con la selección de hombres “libres e independientes” quizás inexistentes en la República, como si un sistema eficaz, justo, honesto, dependiera de la voluntad de unos seres especiales y no de las fuerzas sociales, económicas y políticas que habitan en el seno del pueblo.
Aquí lo que debe primar es el imperio de la ley y la justicia. La vigencia plena de las instituciones previstas en la Carta Magna. Es deber de todos trabajar para que cobre plena vigencia. Que quienes tienen la misión de gobernar según mandato popular, asuman plenamente sus responsabilidades, no para servirse, sino para servir.
