El Instituto Duartiano definió como una decisión arbitraria e injusta la condena que pretende imponer al país la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).El Instituto Duartiano entiende que la decisión se emitió en desconocimiento del orden institucional y la soberanía dominicana.
El profesor José Joaquín Pérez Saviñón, presidente, y los demás directivos del Instituto Duartiano durante una rueda de prensa expresaron su más absoluto apoyo a la sentencia número 256/14 del Tribunal Constitucional, que declaró contraria a la Constitución la carta de adhesión del Poder Ejecutivo del 19 de febrero de 1999, mediante la cual aceptaba la competencia de la Corte.
“Consideramos que la sentencia número 282, de fecha 28 de agosto del año en curso, es una decisión arbitraria e injusta que desconoce los esfuerzos del Estado y las instituciones de la República Dominicana en interés de regularizar y documentar a todas las personas que habitan en su territorio, pero con arreglo a nuestras normas constitucionales y legales”, expresó.
En un documento entregado a los medios de comunicación establece en su artículo tres que: “La soberanía de la Nación dominicana, Estado libre e independiente de todo poder extranjero, es inviolable.
Sostiene que ninguno de los poderes públicos organizados por la presente Constitución puede realizar o permitir la realización de actos que constituyan una intervención directa o indirecta en los asuntos internos o externos del país, o una injerencia que atente contra la personalidad o integridad del Estado y de los atributos que se le reconocen y consagran en esta Constitución. Dijo que el principio de la no intervención constituye una norma invariable de la política internacional dominicana. Asimismo, destacó el artículo 1 de la Convención de La Haya, de 1930.
Apoya sentencia del Tribunal Constitucional
El Instituto Duartiano expresó su apoyo a la sentencia número 256/14, del 4 de noviembre de 2014, emitida por el Tribunal Constitucional, que declaró contraria a la Constitución de la República la Carta de Adhesión emitida por el Poder Ejecutivo el 19 de febrero de 1999, mediante la cual se aceptaba la competencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
