Para nadie es un secreto que en este país hace años interceptar conversaciones telefónicas constituye un uso tolerado, que algunas personas se han lucrado con esta bochornosa actividad y que sectores de poder han chantajeado y han sido víctimas de chantajes debido a esta horrorosa práctica.
Al mismo tiempo que se han desarrollado y multiplicado los medios de comunicación así lo han hecho las herramientas para interceptación o intervención de datos o señales, al extremo de que sin importar los sistemas de seguridad que se instalen, cualquier comunicación electrónica puede ser violada.
Aunque desde hace tiempo nuestra Constitución consagra el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de la correspondencia y las comunicaciones, históricamente este derecho fundamental ha sido conculcado y bajo la excusa de la seguridad nacional hubo mucha resistencia a incluir que solo por orden de un juez competente podía violarse este derecho.
Más aún, a pesar de que el Código Penal fue modificado en el año 1997 para sancionar con prisión de seis meses a un año y multa a las personas que capten, graben o transmitan sin el consentimiento de su autor palabras pronunciadas de manera privada o confidencial y de que estas penas fueron incluso reforzadas por la Ley sobre Delitos de Alta Tecnología en el año 2007; estas disposiciones y otras no lograron cambiar la tolerancia a la infame práctica del espionaje de las comunicaciones en nuestro país, al extremo de que, resignados ante este hecho, los ciudadanos deben vivir cuidándose de lo que dicen a través de estos medios, aunque generalmente no les da resultado, pues las escuchas ilegales son la regla y las autorizadas la excepción. Quizás por primera vez las autoridades han actuado contra presuntos autores de este delito por la intervención de correos particulares de personas, específicamente de la Primera Dama de la República.
Los ciudadanos que durante años hemos aborrecido esta práctica y lamentado que nuestras autoridades no sólo la toleren, sino que en ocasiones hasta la auspicien, protegiendo y peor aún beneficiando con favores a algunas de las personas sindicadas como sus principales actores; tenemos el derecho de reclamar que el escándalo que se ha generado y la gran campaña de espacios pagados en la prensa proclamando la defensa al derecho de la intimidad no se queden en una simple pose de las autoridades para justificar acciones respecto de este asunto, que al parecer mezcla estos hechos con otros relacionados con publicaciones comprometedoras de un medio digital.
Necesitamos que finalmente honremos nuestro estado de derecho y nuestra democracia asegurando el respeto al derecho fundamental a la intimidad y sancionando a todos aquellos que lo violan, pero no solo para la protección de unos cuantos sino de todos los ciudadanos cuya intimidad merece igualmente ser respetada. Para esto habrá que desmantelar el mercado público de escuchas e intercepciones ilegales que existe en nuestro país.
Si las autoridades no estaban dispuestas a hacerlo no debieron tocar esta tecla pues queremos respeto a la intimidad, pero a la de todos.
