Con asombro hemos sido testigo de una acentuada intolerancia en el debate público en torno al proyecto de ley de partidos políticos. La reacción virulenta de varios dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana –PLD- al análisis realizado por la Fundación Institucionalidad y Justicia –FINJUS- sobre el proyecto de ley que presentó esa organización política, demuestra que aún no estamos preparados para la discusión democrática. Vivimos en una sociedad donde se pretende condenar a quienes cometen la osadía de disentir, sobre todo si se contradice a aquellos que confunden el ejercicio del poder con el monopolio de la verdad.
Llama la atención los argumentos profundamente autoritarios utilizados para contrarrestar el riguroso análisis realizado por la FINJUS al proyecto del PLD. En medio de este debate, en vez de opinar sobre los aspectos cuestionados, algunos dirigentes políticos prefieren recurrir a la descalificación. Se utilizan argumentos que evidencian una estrecha compresión del significado de la democracia moderna, como aquellos que plantean que la sociedad civil busca controlar a los partidos políticos o inmiscuirse en las actividades partidarias. Esto lo dicen sin ruborizarse, como si los partidos políticos no fueran instituciones de carácter público que buscan dirigir el Estado y por lo tanto, deben ser del interés de todos los ciudadanos.
Dada la importancia que tiene para el sistema político dominicano regular la vida de los partidos, se debe mejorar la calidad del debate. No se puede aprobar una ley que signifique empeorar la situación actual del sistema de partidos. En tal sentido, los legisladores tienen la responsabilidad de realizar un análisis minucioso de las distintas propuestas, así como de los cuestionamientos que las mismas han recibido. El peligro no es que la sociedad civil opine, sino que el Comité Político de un partido intente imponer una propuesta que significaría un retroceso en materia de democracia interna, institucionalidad y transparencia de estas organizaciones.
Tras 14 años de discusión sobre una ley de partidos y agrupaciones políticas, lo peor que se puede hacer es aprobar una legislación insustancial o que eche atrás conquistas alcanzadas en el sistema político. Es inaceptable la manera en que la propuesta del PLD se plantea enfrentar el transfuguismo, desconocer la necesidad de mecanismo de equidad que fortalezcan la participación política de las mujeres, reducir la transparencia partidaria y eliminar la posibilidad de establecer normas que impidan el uso de los recursos del Estado en la competencia electoral. Por esta razón, es fundamental escuchar a los diversos sectores de la sociedad y aprobar una ley que ayude a fortalecer la democracia dominicana.
