Elena es una joven dominicana de 22 años, nacida en Sabana Grande de Boyá, que terminó su bachillerato hace más de tres años y aunque tiene mucho deseo de seguir estudiando, no ha podido entrar aún a la universidad. Alfredo, de San José de los Llanos, ha realizado varias carreras técnicas en áreas que son de su interés y aunque consiguió el empleo soñado, no lo ha podido ejercer, teniendo que dedicarse a labores que apenas le dan para mal subsistir. Lo que tienen en común estas dos personas, es que forman parte de los miles de ciudadanos y ciudadanas que han sido víctimas de la decisión de la Junta Central Electoral (JCE) de negarles copias de sus documentos de identidad.
La JCE ha llevado a cabo esta acción discriminatoria, bajo el alegato de que los padres de estos dominicanos de ascendencia haitiana, se encontraban en una situación migratoria irregular al momento de declararlos. Con esto se pretende aplicar de manera retroactiva la Constitución del 2010, la cual condiciona el jus solis, al establecer por primera vez que son dominicanas y dominicanos las personas nacidas en territorio nacional, con excepción, entre otras, de los hijos e hijas de extranjeros que residan ilegalmente en el territorio dominicano. Insistir en la aplicación de la resolución 12-07 y negarles copias de sus actas de nacimiento a un amplio grupo de dominicanos y dominicanas, es una grosera violación a un derecho fundamental como el de la nacionalidad.
Con la negación de este derecho, se impide el reconocimiento de otros derechos humanos esenciales que les son inherentes a toda persona, a nivel político, social y económico. Me uno al clamor de los afectados y de todos aquellos que desde hace años vienen exigiendo que el órgano electoral detenga esta violación.
Que asuma la responsabilidad que le da la Constitución de resolver este problema y que no pretenda convertir en un caso migratorio, una situación que es de su absoluta competencia, por tratarse de un tema de registro civil.
La JCE, principalmente su presidente, no tiene ningún derecho a condenar a la muerte civil y a la más absoluta exclusión a tantos dominicanos y dominicanas, con legítimas aspiraciones a estudiar, trabajar y realizar una vida plena en condiciones de normalidad.
A este asunto no se le puede seguir dando largas. La solución al problema es la rectificación inmediata del pleno de la JCE. Suscribo la frase final del voto razonado del miembro titular Eddy Olivares: “entreguémosles sus actas sin discriminación a los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el registro civil”.
