“No tengo la menor duda de que tendremos unas elecciones de mucha calidad”, dijo el magistrado al ser entrevistado en el programa El Bulevar con Pablo McKinney, por CDN canal 37, quien agregó que la JCE está empeñada en lograr que el sufragio sea lo más transparente posible.
Olivares expresó que tras la consolidación del proceso democrático en el año 1978, “en la República Dominicana no hay posibilidad de fraude; eso desapareció”.
Admitió que a pesar de que la Ley Electoral 275-97 contempla que el único financiamiento legal es el público y el privado que no proviene de lavado, y su violación constituye un delito, “sin embargo los mecanismos de persecución de ese delito no están contemplados”.
El juez dijo que ante esa carencia, la JCE emitió un reglamento que obliga a los partidos “a poner sus cuentas claras” y para el mes entrante tienen que hacerlo.
Explicó que el proceso que se seguirá es que los auditores de los partidos informan sobre el uso del dinero público, luego intervienen los de la JCE y finalmente está la Cámara de Cuentas.
Sin embargo, Olivares admitió que la ley actual “no establece ningún tipo de sanción para estas violaciones”.
Sostuvo que tanto los ministros como los alcaldes y quienes administran fondos y bienes públicos no pueden utilizar esos recursos para activismo político.
Adelantó que en el proyecto de reforma de la Ley Electoral que será introducido al Congreso Nacional se establecerá que los partidos tendrán que responder por la licitud de los fondos que utilizan y que además lo hacen con transparencia y destinando un porcentaje para la educación de sus miembros.
