Puerto Rico. El gobernador Alejandro García Padilla se juega esta semana su última carta cuando reclamará, con el respaldo de políticos opositores, al Congreso de Estados Unidos una salida que permita a Puerto Rico comenzar un proceso de recuperación de la crisis fiscal que lo tiene en la antesala de colapso, mediante negociación con sus acreedores de la deuda pública de US$70 mil millones.
García Padilla espera junto a otros políticos puertorriqueños, como el delegado electo ante el Congreso de Estados Unidos, Pedro Pierluisi, del opositor Partido Nuevo Progresista (PNP), que el Comité de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes encamine una medida legislativa que, al margen del capítulo 9 de la ley federal de quiebras, se puedan acoger otros territorios de la nación norteña.
A cambio de ese paso, de acuerdo con versiones periodísticas en Washington, el Congreso estadounidense reclamará al gobierno del Estado Libre Asociado (ELA) que entregue los más recientes estados financieros auditados, lo que no hace desee 2014.
Mientras eso se produce, como medida de “salvación” para evitar que se imponga sobre el gobierno del ELA una junta federal de control fiscal que determinaría cómo se conducen las cosas en esta isla del Caribe de 3.5 millones de habitantes, el gobierno de García Padilla ha comenzado a aplicar la nueva Ley de Moratoria de Emergencia y Rehabilitación Financiera, aprobada a toda prisa la semana pasada.
Al decretar este sábado una emergencia en el Banco Gubernamental de Fomento (BGF, central), en virtud de esa normativa, el mandatario ha recibido críticas por garantizar el pago a los acreedores de Wall Street, incluidos los fondos buitres, a la vez que incumple con los negocios proveedores de servicios al gobierno puertorriqueño.
La senadora
La senadora María de Lourdes Santiago, del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), planteó en declaraciones entregadas a la agencia Inter News Service (INS) que la moratoria lo único que persigue es pavimentar el camino a Washington para la aprobación de una junta que manejará las finanzas del país.
Santiago, candidata a la Gobernación en las elecciones del próximo 8 de noviembre, se negó a formar parte de la comitiva que encabeza el mandatario porque no se puso sobre la mesa el problema del estatus político de Puerto Rico, cuya solución considera esencial para que se pueda estructurar una política económica propia.
Además, el PIP ha insistido que la salida más urgente al problema consiste en incurrir en el impago de la deuda pública para forzar una negociación abierta con los acreedores, que se han negado a ceder, mientras presionan en Washington para que no se hagan concesiones a la isla.
“En manos de un gobierno más sensato, aquí se hubiera generado un plan coherente temprano en el cuatrienio cuando ya era evidente la inminencia del desastre”, argumentó la senadora.
La Ley de Moratoria en principio se especuló que estaba dirigida a impedir que los acreedores embargaran las cuentas del BGF, preocupación que indujo a diversas agencias públicas y a los gobiernos municipales a pasar su dinero a instituciones privadas. En cambio, el mandatario puertorriqueño afirmó que el propósito es impedir una “crisis humanitaria” ante la imposibilidad de ofrecer los servicios esenciales a los ciudadanos.
El candidato a la gobernación por el Partido del Pueblo Trabajador (PPT), Rafael Bernabe, es de opinión que García Padilla no ha sido transparente en su accionar, pues mientras hace ese alegato se dispone a pagar a los acreedores unos 422 millones de dólares el próximo 1 de mayo, mientras que para junio abonará sobre los 700 millones.
A juicio de Bernabe, el gobierno debe suspender el pago de la deuda pública, proceder a auditarla para determinar cuál es legal y propiciar un diálogo dirigido a la solución del problema colonial de Puerto Rico, desde 1952 un Estado Libre Asociado a Estados Unidos, que lo invadió en 1898.
El candidato del PPT recordó que el proyecto para la Ley de Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Promesa, siglas en inglés), que ordena al Congreso federal la creación de la junta de control fiscal, reconoce que la isla es un territorio sin soberanía propia.
“Esa relación colonial, tal como la servidumbre y la esclavitud, es una condición inaceptable, cuya identificación tiene que venir acompañada de medidas inmediatas para su eliminación”, estableció.
Pierluisi, presidente del anexionista PNP, principal de oposición, coincide con aquellos sectores que consideran que la solución del estatus político es esencial para que Puerto Rico entre en una ruta de desarrollo económico.
Al igual que su contendor en el PNP por la candidatura a la gobernación, Ricardo Rosselló Nevares, el comisionado Pierluisi, residente en Washington, aboga por la integración plena de Puerto Rico a Estados Unidos como el estado 51, algo que no parece estar en la mente de los congresistas estadounidenses.
Independientemente de los deseos particulares, la realidad es que el Congreso de Estados Unidos será el que determine las reglas de la partida, por lo que el gobierno de Puerto Rico podría terminar bajo una sindicatura con el aplauso del presidente Barack Obama, que se negó a auxiliarlo en esta crisis fiscal, con una economía que lleva una década sin crecimiento.
Al decretar un estado de emergencia en el BGF el gobernador García Padilla quiere presionar a los acreedores a entrar en una ruta de negociación favorable a Puerto Rico.
El BGF tiene una limitada liquidez, por lo que cada semana se analizará el curso que sigue al momento de priorizar las solicitudes de retiro, pagos y transferencias de fondos federales recibidos a partir del decreto de García Padilla.
La presidenta del BGF, Melba Acosta Febo, afirmó que esa institución financiera mantiene una liquidez por debajo de los 700 millones de dólares.El BGF es responsable de una deuda garantizada por la constitución del ELA de 49 mil millones de dólares.
