MADRID (AP).– El juez Baltasar Garzón volvió el martes al banquillo de los acusados para responder por su intento de investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil española y la dictadura de Francisco Franco.
Unas 150 personas, en su mayoría simpatizantes del magistrado y familiares de víctimas del régimen franquista, se concentraron a las puertas del Tribunal Supremo, donde Garzón es juzgado por segunda vez en una semana.
El juez español se dio a conocer en todo el mundo por la aplicación de la llamada justicia universal, que le llevó a pedir la detención del ex dictador chileno Augusto Pinochet y la investigación de la dictadura militar en Argentina.
Sin embargo, su intento de abrir un caso similar para buscar a unos 114.000 desaparecidos del bando perdedor republicano en el conflicto español (1936-1939) y el posterior régimen franquista (1939-1975) resultó un fracaso.
Garzón, sin apoyos, abandonó la investigación en el 2008. Posteriormente, se le imputó el delito de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta— por orillar conscientemente la ley de amnistía de 1977, aprobada para restañar las heridas de la guerra.
El juez, de 56 años, se enfrenta a una condena de 20 años de inhabilitación, que supondría el punto y final a su carrera en la magistratura.
Garzón fue juzgado la semana pasada por su rol en un caso que destapó una trama corrupta en la administración pública.
