Al término de la audiencia que se extendió hasta la madrugada de ayer, el juez de la Oficina de Atención Permanente de Higüey rechazó declarar el caso complejo.“Yo tengo pantalones, y repito, estoy preparado porque a partir de ahorita voy a recibir ataques feroces y despiadados, quizás muchos quieran la cabeza de este noble juez, quizás otros no”.
Así se expresó el magistrado de la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Higüey, Edwin Rijo, previó a otorgar la libertad tras el pago de una garantía económica a ocho de los imputados de formar parte de una red de narcotráfico que realizaba sus operaciones a través del aeropuerto de Punta Cana.
Edwin Rijo benefició, además, dispuso arresto domiciliario al capitán Rafael Aníbal de la Rosa Tapia, de quien, según explicó, recibió la documentación que certifica que tiene cáncer. Según registros del caso, el agente intentó quitarse la vida en dos ocasiones.
El juez dictó un año de prisión preventiva, como medida de coerción, a los 32 restantes miembros.
En un principio la medida de coerción fue presentada contra 38 personas, pero agregaron otros imputados. También el mismo tribunal está apoderado para conocer hoy las medidas de coerción a otros tres reclusos de la misma organización criminal a la cual le ocuparon 700 kilos de cocaína. A los imputados Vladimir Brito Pérez, Jorge Ramón Pérez, Bartolo Marte, el primer teniente Sixto Alberto Familia Viola, Luis Daniel Pérez, José Concepción, Carlos Manuel Bejarán Echevarría y Doclesiano de Jesús Cruceta. A los acusados que se les impuso el pago de RD$500 mil como garantía económica en la modalidad de contrato.
También impedimento de salida de la provincia La Altagracia sin previa autorización judicial, quedar bajo el cuidado o vigilancia de sus abogados, y la presentación periódica por ante el Ministerio Público.
Dice que en sus manos no perecerá la seguridad
El magistrado manifestó que “el hecho que se me ha apoderado es un hecho grave, excesivamente grave, que pone en tela de juicio la seguridad jurídica del Estado, y yo cómo representante de uno de los poderes del Estado, bajo mi responsabilidad no perecerá la seguridad jurídica y la soberanía del pueblo dominicana”.
