Con la decisión de la jueza de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General recibe un revés, porque había solicitado que se revoque el archivo definitivo, igual que los objetantes.La jueza de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Esther Agelán Casasnovas rechazó la objeción al auto que archiva de manera definitiva dos de cuatro denuncias interpuestas contra el senador Félix Bautista, por supuestos actos de corrupción.
Con su decisión la magistrada confirma el auto que archivó definitivamente la denuncia incoada por el Movimiento de Ciudadanos (C3), contra la Corrupción, que integran Josefina Juan viuda Pichardo, Juan Taveras, Rafael Percival, Melvin Velázquez, Remberto Pichardo, Hermes Guerrero y Alexander Mundaray Rosario.
Acusan al legislador por San Juan de presuntamente sobornar al entonces candidato a la presidencia y actual jefe de Estado de Haití, Michel Martelly, para ser beneficiado con obras para la reconstrucción de ese país, luego del terremoto del 12 de enero de 2010.
De las tres decisiones que se han tomado en torno a las acusaciones contra Bautista, quien se desempeñó como director de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, esta es la única que lo favorece.
El Procurador pierde esta batalla
En su sentencia de 51 páginas, la jueza dice que resulta cuestionable e injustificable el cambio de postura del procurador Francisco Domínguez Brito, al solicitar que se revoque un archivo dado por uno de sus subalternos, en este caso, el titular de la Dirección de Persecución de la Corrupción Administrativa (DPCA), Hotoniel Bonilla, “sin discriminar ni fundamentar este cambio en sus conclusiones, en el caso de la especie, habiendo el director de la DPCA realizado un sinnúmero de diligencias investigativas”.
Agregó que parte integral del principio de la seguridad jurídica es la actitud coherente, justificada y no arbitraria de los funcionarios que se dedican a perseguir los delitos.
Casasnovas hizo constar que luego de analizar las cuentas bancarias mediante las cuales presuntamente se transfirieron un millón 50 mil dólares al presidente Haitiano, por concepto de “soborno”, se concluyó que “ninguna de las transferencias bancarias resultaron ser ilegales”. Agrega que los depósitos realizados a las cuentas bancarias “no fueron consignados, en forma directa ni a través de emisarios, al presidente de Haití”.
Explica que Bonilla sí investigó previo a tomar su decisión.
Manifestó que al momento de tomar una decisión el juzgador debe alejarse del “populismo”.
