La destitución, mediante un juicio político sumario, del presidente de Paraguay, el exobispo Fernando Lugo, ha generado cuestionamientos en América Latina y en otras latitudes. La primera reacción de varios mandatarios latinoamericanos, entre ellos el presidente Leonel Fernández, es la de rechazo, llegando algunos a calificarlo como un “golpe de Estado”. Paraguay ha sido suspendida del Unasur y del Mercosur, mientras los gobiernos de Chile, Uruguay, Venezuela, Colombia y Ecuador han llamado a sus embajadores acreditados en Asunción.
La Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea han cuestionado acremente la destitución del mandatario y su sustitución por su vicepresidente, Federico Franco.
La destitución de Lugo ha sido criticada también por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que consideró “inaceptable lo expedito del juicio político contra el presidente constitucional y democráticamente electo”.
“Considerando que se trata de un proceso para la remoción de un jefe de Estado, es altamente cuestionable que éste pueda hacerse respetando el debido proceso para la realización de un juicio imparcial en tan sólo 24 horas. La Comisión considera que el procedimiento seguido afecta la vigencia del Estado de Derecho en Paraguay”, ha dicho la CIDH.
Es evidente que, en el caso de la destitución del presidente Lugo, estamos en presencia de una violación al debido proceso, en perjuicio de un mandatario que, por lo menos, ha debido merecer que se le conceda el tiempo necesario para preparar su defensa. Lugo no pudo defenderse en forma adecuada frente a un “juez” que estaba políticamente prejuiciado, que ya había decidido cuál sería su decisión.
Pero destituir a un mandatario por “mal desempeño de su cargo”, supone una decisión rayana en la discrecionalidad, sobre todo si el hecho que se le imputa nunca estuvo bajo su dominio funcional o directo. Otros procesos de destitución de presidentes latinoamericanos, como Fernando Collor de Melo y Carlos Andrés Pérez, estuvieron precedidos de una amplia discusión pública, pudiendo los gobernantes no sólo preparar sus defensas contra, sino realizar las consabidas maniobras políticas en escenarios congresuales donde tuvieron lugar sus juicios, y en los cuales, generalmente, la razón política se impone al Derecho.
El nuevo presidente de Paraguay tendrá que ocupar todo lo que le queda de mandato para reconstruir el lugar que esa nación se había ganado entre los países libres y democráticos del continente, pues su gobierno será “formalmente legal”, pero nació ilegitimado al violentar el debido proceso de ley en perjuicio de su predecesor en el cargo.
