Los movimientos comunales de base, como se denominan las juntas de vecinos, son las organizaciones de la sociedad civil que más incidencia tienen en la demanda de obras y servicios a nivel local.
La conformación de esos organismos está amparada en la Constitución de la República, en la ley municipal y la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública, firmada en Lisboa en el 2009, de la que República Dominicana es signataria.
Esas legislaciones reconocen el derecho de las personas a participar colectiva e individualmente en la gestión pública.
El impulso tomado por las agrupaciones vecinales es fruto de las luchas civiles escenificadas en los años 70 y con un mayor auge en los 80, gracias a un grupo de hombres y mujeres que luchaban por las libertades y políticas públicas de calidad con la terminación de la dictadura trujillista, representados en los movimientos clubísticos, las cooperativas y el movimiento eclesial de base.
De esas organizaciones aún existe Copadeba, Ciudad Alternativa, El Centro Padre Juan Montalvo y muchas juntas de vecinos ubicadas en los barrios de la zona norte del Distrito Nacional.
En el país, las juntas de vecinos revisten una gran importancia porque se han convertido en las únicas voces que reclaman el bienestar colectivo, y porque en muchos casos sólo con la presión social que ejercen se logra que obras y servicios puedan llegar a muchas comunidades donde los gobiernos central y local nunca han puesto su mirada.
Es un compromiso de cada dominicano, con énfasis en los actores políticos, colaborar con el fortalecimiento y crecimiento de esos movimientos comunales de base y no permearlos con acciones clientelares, porque son la garantía de que en los municipios haya un mínimo de gobernabilidad.
