“De alguna manera, los caminos hacia la paz y hacia el Pacífico han evolucionado juntos. Desde cuando decidimos trazar una hoja de ruta identificando los mercados más importantes -a los cuales necesitábamos acceso preferencial–, teníamos claro que la prosperidad de una economía abierta al mundo contribuiría a construir un país con más oportunidades, menos desigual y menos violento”, Juan Manuel Santos, presidente de Colombia.
Esta premisa del Presidente de Bogotá extraída de su artículo “Colombia hacia la paz y el Pacífico”, publicado en EL PAÍS, marca la firme intención del Gobierno de Juan Manuel Santos de sellar, en unos cuatro meses, un “Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera”, con el grupo guerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), dirigido por Rodrigo (Timochenko) Londoño, en el escenario de enérgicas conversaciones en el Palacio de las Convenciones de La Habana, Cuba.
La solución a 53 años de conflicto se traduciría en innumerables beneficios para Colombia y la región, que difícilmente se lograrían en las actuales circunstancias bélicas con sus países vecinos, algunos de los cuales ha identificado la crisis como una amenaza a la estabilidad andina y hemisférica, pasando de un simple «problema», a una de las «amenazas» principales a la seguridad y estabilidad para Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. También para Panamá y Brasil.
Citando a la investigadora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, Arlene B. Tickner, quien ha planteado en el estudio sobre la securitización de la crisis colombiana que “la política exterior, en particular en lo que se refiere a la seguridad, constituye una práctica política que resulta fundamental para la constitución, producción y mantenimiento de la identidad nacional, (Campbell 1992: 8). Lo anterior supone que algo ocurre cuando un tema específico se nombra como un problema de seguridad o se securitiza. (Wsever 1995)”.
Tickner habla sobre lo establecido por las escuelas de Paris, Aberystwyth y Copenhague, que estudian la disciplina de las Relaciones Internacionales, valiéndose específicamente de la idea de la securitización, que se refieren a una “agenda de seguridad ampliada”, que tiene que ver con la preservación de la integridad territorial, aspectos militares, medioambientales, socioeconómicos, políticos y otros que velan por la estabilidad democrática y los derechos humanos.
Más específicamente el caso Colombia-FARC se sitúa en el marco analítico de la Escuela de Copenhagen (Wsever, 1995), que entiende la seguridad como una práctica política que permite a las elites que actúan en nombre del estado, reclamar derechos especiales de defensa al señalar algo como una amenaza.
Por ejemplo, si bien en Ecuador el desplazamiento de personas, la violencia asociada con la presencia de grupos armados colombianos y los efectos ambientales de la fumigación son considerados amenazas a la seguridad de este país, igual que para Venezuela, por la presencia de numerosos campamentos de las FARC y el ELN en territorio venezolano, en Brasil la política militar estadounidense en la zona y el narcotráfico son los factores que más preocupación han generado. En cambio, en ninguno de los países, con excepción de Colombia y, en menor medida, Panamá (por su falta de ejército), ha habido una securitización explícita de la guerrilla.
En ese sentido, el carácter existencial de Colombia como amenaza lleva a los representantes estatales de los países de la región andina a invocar una condición de emergencia y el derecho de utilizar cualquier estrategia necesaria, incluyendo el uso de la fuerza, para combatirla, pues es un hecho que los márgenes de autonomía para decidir los asuntos internos de los estados tienden a reducirse en el mundo de la globalización. La reducción, sin embargo, no es igual para todos los países. En el caso de Colombia, y con relación al proceso de paz, sería imposible conducir una política exterior bajo la premisa de que las viejas concepciones de la no-intervención, no-injerencia y soberanía estatal están vigentes.
Sobre todo, sin la posición precisa de las partes de llegar a una reconciliación que permita la construcción o reconstrucción de relaciones que en medio siglo de violencia fratricida fueron fracturadas, “de modo que necesita establecer un nuevo consenso social que garantice que la violencia del pasado no se repetirá”, (Beristain, 2005, p. 16), y que por el contrario se abrirán los “espacios de encuentro”, (De Greiff, 2007, p. 53), y “de generación de disposición entre en los antiguos adversarios, victimarios, víctimas, etcétera, para asumir e integrar el pasado y el futuro con el fin de afrontar el presente”, (PNUD, 2007, p. 7).
Cambios geopolíticos
Por un lado, el rumbo que lleva una de las partes (el Gobierno), supone el comienzo de cambios importantes en la política exterior colombiana, al trabajar por el respeto por las normas de derecho internacional, por su importancia mostrada a los canales multilaterales, las relaciones tan armónicas como sea posible con los vecinos y el equilibrio en las relaciones con el mundo, prioridad a las relaciones con Estados Unidos mediante el respeto mutuo.
Ya han habido avances en la política exterior, como el restablecimiento de las relaciones con Ecuador y Venezuela, la inclusión de Colombia dentro del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, sus funciones desde la Secretaría General de UNASUR y la presidencia pro tempore de la Comisión de la Comunidad Andina Nacional.
La apertura de cuatro embajadas: Turquía, Indonesia, Emiratos Árabes Unidos y Trinidad y Tobago, y cuatro nuevos consulados: Orlando, Newark, Vancouver y Shanghái. Además de lograr que no les exijan visa a los colombianos en Haití, Georgia, Jamaica, Federación Rusa, Sri Lanka, El Salvador y Turquía. Se encuentra en proceso de internalización.
Desde este punto de vista, los escenarios futuros de Colombia dependerán de su capacidad de continuar una estrategia coherente, donde se fijen objetivos claros y se invite a los países, entidades u organismos internacionales, en función de su capacidad de aporte dentro de los parámetros estratégicos fijados, dejando las diferencias coyunturales a un lado y buscando los puntos de convergencia que permitan luchar unidos contra la desigualdad y la falta de oportunidades.
Creando un puente, no para el trasiego de drogas, sino un vínculo de relaciones positivas, justas y enriquecedoras para toda la región centroamericana y, por supuesto, para estos países hermanos que son a su vez limítrofes, por lo que la insurgencia le permitirá el control político abierto de los territorios sobre los que hoy tienen que contender con las fuerzas militares y con los paramilitares.
De esta manera, el país que nació libre como eje del proyecto de Simón Bolívar de crear la Gran Colombia y que por el contrario mantiene el conflicto intestino más longevo de América Latina y calificado por la comunidad internacional como uno de los más sangrientos., retomará su curso por el desarrollo de una economía conectada globalmente con los mercados de Norteamérica, Europa y Asia, tal y como lo ha expresado el presidente Santos, cuando destaca el acercamiento al Pacífico como una forma de exportar más, de hacer presencia en la región del mundo en la que más está creciendo la economía, tras un cuarto de siglo golpeando la puerta del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
Alzar la paloma blanca en Colombia provocará, primero desde su zona limítrofe, una mejoría en la confianza, y segundo, como actor internacional con enorme potencial, atraerá más inversión empresarial, lo que permitiría que los recursos se asignen a actividades más productivas, todo “por un nuevo país”, en que “el peligro es que te quieras quedar”.
