El espionaje telefónico es un relajo en este país. Aquí ya hasta ciertos limpiabotas tienen aparatitos de esos que usted lo introduce en cualquier vehículo, se estaciona en cualquier esquina o cruce y en un radio de un kilómetro a la redonda pincha o interviene el teléfono de su preferencia. Eso lo sabe casi todo el mundo.
Es algo viejo y que solo en una campaña electoral como la presente se desatan los demonios y se produce el aparataje con que las autoridades han intervenido el local de un medio digital y la residencia de un reconocido productor de televisión, furibundo crítico del Gobierno por demás.
En realidad el que grita o se sorprende porque le intervengan sus conversaciones telefónicas o de correos electrónicos, es porque algo teme o algo oculta.
Como diría alguien, con el actual caso de espionaje en cuestión lo que ha ocurrido, en realidad, es que como la vieja historia aquella, tenemos un cazador cazado y punto.
Si en verdad hubo el tal espionaje denunciado e investigado, su detección se logró con otro tipo de espionaje, no importa que sea del Estado, porque la privacidad no es exclusiva de un grupo de personalidades ni de elegidos o iniciados, sino de todos los mortales, sea la yaniquequera del callejón, el peatón o ciudadano de a pie o el encumbrado miembro de la alta sociedad.
Todos tenemos derecho a la buena fama y al respeto a nuestras intimidades, pero de ahí a reconocer solo una parte de la moneda que gira con estos escándalos furtivos, se enseña al resto de la ciudadanía que en materia de derechos seguimos no en pañales, sino en trapitos envueltos y quien sabe si hasta mojados. Todos sabemos que aquí la brechadera digitalizada es algo rutinario, que entretiene a unos y que a otros les proporciona material para el chantaje o simplemente para complacer su morbo bestial.
