La rutina en la comarca se rompió tan pronto comenzó a clarear el día. Desde una quebrada a poca distancia de la carretera Nizao-Palenque un agricultor entró a su sembradío de cebolla y, tan pronto cruzó la empalizada, avistó dos cuerpos sin cabezas y con sus extremidades mutiladas.
Lo que vio lo dejó horrorizado: dos cuerpos sin cabezas y sin extremidades.
Poco después de la media mañana de ese día, 11 de septiembre de 2010, dos cabezas también fueron localizadas a varios kilómetros de distancia del hallazgo de los dos cadáveres, determinándose luego que correspondían a los cuerpos que con anterioridad habían sido encontrados al lado de los matorrales.
La conmoción de tan macabro suceso atemorizó a los habitantes de la zona. Nunca antes en las inmediaciones de Juan Barón, Don Gregorio, Palenque y Nizao habían sido testigos de un crimen semejante.
La médico legista de San Cristóbal, Bélgica Nivar, dispuso el levantamiento y traslado de los cadáveres y de sus partes mutiladas al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacip), donde posteriormente se determinó que ambas víctimas fueron ahorcadas antes de ser descuartizadas.
Ni una simple pista surgió dentro de las primeras 48 horas y ni por asomo los investigadoress tenían una idea de quiénes eran las víctimas y tampoco de cómo fueron las circunstancias en que se produjo el doble crimen.
Sin embargo, a partir del tercer día los cadáveres de Vladimir Paulino Consuegra y de Michael Douglas Figueroa, ambos de 21 años, fueron identificados por sus familiares, por la vestimenta, en la morgue del Inacif.
Mediante la mapificación de celulares y el análisis de los números de celulares de las víctimas, tres semanas después comenzaron a surgir las primeras evidencias que permitieron a los investigadores ir despejando la complicidad y materialización de un crimen asumido como un desafío por la Dirección de Investigaciones Criminales (Dicrim).
Manuel Risik, el primer sospechoso de los crímenes, se dio a la fuga y nunca fue capturado. Sin embargo, a través de su entorno se estableció que fue la persona que contrató a Paulino Consuegra, alias “El boricua”, para que el 4 de septiembre de 2010 transportara en una maleta a Puerto Rico la cantidad de 3.5 kilos de heroína a través del aeropuerto internacional de Las Américas.
“El boricua”, como apodaban a Paulino Consuegra por haber residido en Puerto Rico durante más de quince años, simuló haber cumplido el encargo, pero lo que hizo fue combinarse con su primo Figueroa Ferreiras, con Carlos Moisés Henríquez, alias “Bebío”, y el taxista José Miguel Mateo, alias “La Tata” para quedarse con la droga.
Fue una idea que, según declaró en los interrogatorios el taxista, surgió en el trayecto de Santo Domingo al aeropuerto.
Luego del tumbe vino otro tumbe. El taxista y “Bebío” se asociaron con Esteban Vidal Féliz Méndez y Esteban Medina Sánchez, mayor y sargento de la Policía Nacional, respectivamente, y miembros de la Unidad Antinarcóticos con asiento en el ensanche Luperón, para quitarles la droga a “El boricua” y a Figueroa Consuegra, lo que hicieron en el sector de Guachupita, luego de regresar del aeropuerto.
Creyéndose que el “arresto” había surtido la apariencia de serlo, los policías cómplices dejaron en libertad a quienes les incautaron la droga.
Ambos, sin embargo, fueron “tumbados” por el mayor y el sargento. Estos se quedaron con la heroína, y pese a que posteriormente fueron investigados, nunca se supo el destino de la misma, aunque los investigadores sospechan que se hizo negocio en los puntos de distribución.
“La Tata”, el taxista, reaccionó furibundo cuando los policías sólo ofertaron por la droga 50 mil pesos.
“O me buscan mis cuartos, o esto lo va a saber todo el mundo”, llegó incluso a advertiles al oficial y al sargento, una amenaza que no pasó de ahí, al menos durante los primeros días.
Quienes sí se embolsillaron los chelitos fueron Jorge Isaac González Rosario y Aneudis Reyes Benítez, miembros del grupo que dio el tumbe a “El boricua” y a Figueroa Consuegra.
Lo peor, empero, apenas comenzaba. Los dueños de la heroína, quienes no son identificados en el expediente, habrían sido los autores intelectuales de los asesinatos de Vladimir y Figueroa, el primero con domicilio en el sector Los Ríos, y el segundo en el ensanche Quisqueya.
Los dos desaparecieron la mañana del 8 de septiembre, cuando se dirigían a Boca Chica a verse con unos tales Diómedes y El Flaco, con alegados vínculos con los responsables del envío de la heroína a Puerto Rico, en una operación de tumbe que consistió en meter en el avión una maleta vacía y quedarse con la droga que contenía para después aparentar que la misma había sido enviada a su destino.
Del hecho fueron acusados Bertinio Solano, alias “El Lento” y su primo Ronney Vladimir Frías, alias “El flaco”.
El primero conocía a una de las víctimas y había llamado al teléfono después del crimen. En una revisión de la medida fue dejado en libertad por la Corte de Apelación de San Cristóbal. Solano alega inocencia y sostiene que la acusación en su contra fue con el propósito de dejar fuera del expediente al principal imputado y a los dos policías que dieron el último tumbe con la droga.
Las investigaciones determinaron que Figueroa Ferreiras y Paulino Consuegra fueron secuestrados y mantenidos amarrados durante varios días en una finca de Canastica, donde se presume que se produjo el ahorcamiento y la mutilación de sus extremidades.
En el expediente se consigna que quien cercenó la cabeza de los cadáveres y les cortó los brazos y las piernas fue un haitiano identificado como Raymond Joseph, un haitiano que habría huído a su país a raíz del avance de las investigaciones para evadir la persecución en su contra.
El testigo David Manuel Gil, residente en Los Guandules, fue la pieza clave de los investigaciones policiales para llegar hasta donde José Miguel Mateo, alias “Tata”, quien no tuvo reparos en admitir su complicidad en el tráfico de drogas y señalar ante las autoridades a los dos policías que “nos tumbaron con los tres kilos de heroína”.
El mayor Féliz Méndez y el sargento Medina Sánchez, de la Unidad Antinarcóticos, fueron dados de baja de las filas policiales, pero no figuran en el expediente incriminatorio.
