La pasada semana el gobierno del presidente Danilo Medina tomó una medida que se convierte, desde mi humilde punto de vista, en otro de los grandes aciertos de esta administración. Se trata de la decisión del Ministerio de la Presidencia de conformar una comisión de Veedores Sociales que vendrán a acompañar a ese Ministerio en los procesos de licitación de más de 10 mil millones de pesos, que se va a convocar para la implementación del Plan de Seguridad Ciudadana y otros proyectos del ejecutivo.
Las Veedurías Sociales son una de las formas de control y supervisión social que se ha estado experimentando en varios países de América Latina para que los gobiernos aumenten sus niveles de transparencia. Esta decisión muestra la voluntad del gobierno de Medina de ser acompañado por la sociedad para la ejecución del presupuesto. Es una muestra de la apertura y de la transparencia del gobierno y, tal y como expresó la directora de contrataciones públicas, Yocasta Guzmán, es “una manera positiva de interactuar gobierno y sociedad”.
Algunos sectores han criticado esta decisión del gobierno aduciendo que esto debilita la institucionalidad y le resta importancia a las instituciones encargadas de supervisar y monitorear la ejecución de los recursos públicos. Pero este argumento no es cierto, pues las Veeudurías Sociales se han convertido en un mecanismo de control gubernamental en países de larga tradición democrática e institucional como son Colombia, Brasil, Ecuador y Venezuela. En el caso específico de Colombia, un país de gran fortaleza institucional, las Veedurías Sociales están respaldadas por la Ley 850 del año 2013, la cual establece que las Veedurías son “un mecanismo democrático de representación que permite a los ciudadanos o a las diferentes organizaciones comunitarias, ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en un país, encargada de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público…”.
Es sumamente positivo que un gobierno sea supervisado y vigilado por la sociedad. Eso contribuye a aumentar los niveles de transparencia y hace que a nivel del ejercicio gubernamental se disminuyan los casos de corrupción administrativa, gracias a la visión de diversos actores sociales que no sean parte del gobierno. Eso benefecia y fortalece la imagen, la credibilidad y la confianza de los que dirigen la administración pública.
Tanto el presidente Medina como el ministro de la Presidencia, Gustavo Motalvo, merecen una gran felicitación por haber asumido la decisión de conformar comisiones de Veeduría Social, pues eso se traduce en una muestra más que convincente de que están comprometidos en hacer un gobierno ético y moral, tal y como siempre prometió durante la campaña electoral quien hoy ejerce con dignidad y humildad la primera magistratura del Estado. Así se hace patria.
