La semana pasada, el jurista y politólogo Flavio Darío Espinal consideró que la República Dominicana «vive un momento en que requiere una aplicación local de la teoría de las ventanas rotas o una política de tolerancia cero”, frente al fenómeno de la delincuencia.A juicio del ex diplomático dominicano, aplicar la teoría de los «broken Windows” y la política antidelictiva que hizo famoso al exalcalde Rudolph Guiliani, entre otras medidas de naturaleza social e institucional, podrían contribuir a un mejor control de la criminalidad.
La propuesta del profesor Espinal es, no solo oportuna, sino que debe dar pie a una discusión en el ámbito académico de todo lo relativo a la política criminal que despliega el Estado dominicano, desde sus fundamentos teóricos hasta una evaluación de sus planes, programas y resultados.
Como se sabe, el más reciente documento sobre política criminal, elaborado por el Estado dominicano, data de casi una década y en el se explicita su adherencia a una corriente que, como la de la criminología crítica, ha perdido terreno en el ámbito de las discusiones de las últimas décadas sobre el fenómeno del delito, a costa de la creciente aplicación de teorías y políticas criminales que, como las citadas por el doctor Espinal, parten de una concepción funcionalista.
Nuestra política criminal -y algunos de los institutos del Código Procesal Penal son un reflejo de ello- contiene, para decirlo en términos llanos, una alta dosis de abolicionismo, pues no solo parte del supuesto de que el derecho penal no es la solución a los «problemas sociales» (dentro de los que incluye el delito), sino que postula soluciones extrapenales al problema de la delincuencia.
Deudor de la tradición liberal que arranca con Beccaria, nuestro sistema penal se concibe como la «ultima ratio» del sistema de control social, incorporando la idea de que el Estado no solo no puede combatir todas las conductas delictivas, sino que muchas de ellas, aunque estén tipificadas, constituyen «bagatelas» que deben ser descartadas, político-criminalmente hablando, a la hora de perseguirlas e imputarlas. Estas serían las primeras ventanas rotas, que nuestro sistema no repara.
Ya en República Dominicana se enarboló una política del «tolerancia cero» en materia de violencia intrafamiliar – llegándose, incluso, a restar valor a los acuerdos entre la víctima y su agresor como mecanismo de solución alterna-, pero, hasta donde sepamos, sus resultados no han sido objeto de estudios científicos, como sucede en muchas otras naciones, donde el fenómeno delictivo atrae la atención de diversas instituciones y de los centros académicos y de pensamiento, y no solo de los medios de comunicación o las redes sociales.
Toda política criminal para que sea medianamente exitosa debe –entre muchos otros elementos y factores- partir por reconocerse en sus orígenes conceptuales, o en la filosofía que la subtiende, lo que se logra a través de la discusión científico-académica, y del contraste, o la simple lidia, con otras posturas y concepciones del fenómeno delictual y de la forma en que se debe enfrentar.
