La reducción del gasto por parte del Gobierno y la disminución de la capacidad de compra de la población, por los efectos de la reforma tributaria aplicada desde finales del año pasado, se han convertido en dos elementos “terribles para la economía”, según la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH).
Lo de terrible no es solo una expresión entre los empresarios, sino un elemento de preocupación, por una cuestión lógica: Si el gasto de detiene, en esa misma medida se paraliza el movimiento de las industrias y de otros negocios, en sentido general. La AEIH está de acuerdo en que el Gobierno sea cuidadoso con los recursos que maneja, pero también entiende que este tiene que gastar.
El presidente de la AEIH, Víctor Castro, fue entrevistado en el Desayuno Económico de elCaribe y en ese escenario aseguró que el Gobierno le quita inversión al país porque se recoge y gasta menos debido al déficit fiscal que tiene, mientras por otro lado, a muchos de los productos de consumo se le aumentó el Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) de 16% a 18%, lo que significa que la gente tiene que buscar mucho más dinero para adquirir lo mismo.
“Eso trae un consumo bajo, las empresas producen menos, venden menos y el gobierno recibe mucho menos impuestos, dijo el dirigente empresarial. Cuando Castro se refiere al gasto público deja claro que se refiere a un gasto de calidad y bien justificado.
“Si nos damos cuenta, en el presupuesto de este año se dijo que tenía que haber un déficit de 2.8% del producto interno bruto, sin embargo, las cifras extraoficiales que se conocen, porque las del primer trimestre las autoridades del Gobierno no las han comunicado, indican que el déficit está por debajo de lo proyectado. Eso quiere decir que todavía se le ha quitado mucho más recursos a la economía y si eso ocurre los sectores se deprimen”, apuntó el presidente de la AEIH.
Desde su óptica estamos en el sentido contrario del denominado círculo virtuoso. “Debe ser al revés, debe haber mucho consumo para que la empresa produzca mucho, venda mucho y el Estado recibe más recursos”, dijo Castro, acompañado en la entrevista de la directora ejecutiva de la AEIH, Johanna Parra, y Fernando J. Espinal, miembro de la organización, y vicepresidente ejecutivo de Industria Farmacéutica del Caribe.
El principal directivo de los industriales de Herrera y la provincia Santo Domingo fue equitativo en sus pronunciamientos; aunque emitió críticas sobre varios temas, valoró la importancia que el Gobierno otorga a los sectores productivos.
Según Castro, las acciones que se impulsan a favor de las pequeñas y medianas empresas (pymes) impactarán en el desarrollo del país. Muchas empresas se están formalizando debido a las políticas de acceso al crédito y a los contratos del Estado y se espera que los resultados de eso se sientan en poco tiempo, afirmó.
“Entendemos que en Gobierno en poco tiempo comenzará a desembolsar más recursos para que se dinamice más la economía y eso nos mantiene muy optimistas como sector empresarial”, indicó el industrial Castro.
¿La reforma golpeó fuerte?
El impacto de la reforma tributaria, según la evaluación de la AEIH, no cayó directamente en las empresas, aunque el flujo de caja de éstas bajó, sino en los consumidores. “El 75% de la canasta familiar fue impactado con un 18% de incremento y eso a su vez le restó poder de compra a la gente en alrededor del 15% a través de su salario. Hay que hacer un ejercicio para que la gente pueda recuperar por lo menos el poder adquisitivo que existía en 2011”, planteó el presidente de la institución.
Acciones coordinadas
Los industriales criticaron que en el país se tomen decisiones importantes de manera unilateral y no por consenso. Se refirieron a ese aspecto cuando tocaron el tema de la elaboración de presupuesto del Estado y el tema eléctrico. “No podemos seguir, diciendo, por ejemplo, queremos un presupuesto de 200 mil millones de pesos, llueva, truene o ventee porque eso puede afectar muchos sectores. Hemos dicho claro, que tenemos que sentarnos a ver cuáles son los gastos que hay que hacer en un año en República Dominicana y en base a esos gastos buscar cuáles son los ingresos. En el último presupuesto elaborado hubo desesperación”, aseguró Víctor Castro en la entrevista.
Sobre el tema eléctrico AEIH criticó que exista un subsidio superior a los US$1,200 millones, que recae sobre la población que paga los impuestos en el país y sugirió iniciar las discusiones relacionadas con una serie de contratos eléctricos que existen.
“No puede ser que ahora un vicepresidente, un generador eléctrico o un consumidor salga a buscar remedio individual después que la Estrategia Nacional de Desarrollo manda que se busque una solución a través del Consejo Económico y Social”. Sostuvo que el hecho de que un millón de clientes no pague la energía eléctrica que consume, es una distorsión muy fuerte. Junto al hecho de que del total de energía que genera el sistema, el 30% se pierde en la transmisión.
Mejor aprovechamiento de los acuerdos que hay
Los industriales de Herrera reconocen que es necesario ir cambiando la matriz energética, pero plantean que la solución no está en salir de manera unilateral a comprar o licitar una planta. “Tenemos que sentarnos a ver lo que procede y en base a esa discusión buscar la solución integral para el país”, dijo el presidente de la AEIH.
En otra parte de la conversación, al citar el tema de los tratados comerciales, Fernando Espinal, dijo que es preferible aprovechar los existentes, antes del país involucrarse en otros, y sugirió sentarse a analizar en cuáles sectores la nación tiene fortalezas para no negociar en condiciones desiguales, sino para tener más beneficios.
Favorece haya un pacto por el empleo en la RD
La AEIH favorece un pacto por el empleo, focalizado en mejorar el salario real de los trabajadores con la participación activa y conjunta tanto del sector privado como del Estado. Víctor Castro dijo que mientras la empresa privada trata de mejorar la productividad y contribuir con la formación de los trabajadores, el Estado debe crear las condiciones, vía el mejoramiento de los servicios públicos, para que los asalariados eleven su poder de compra. Consideró inconcebible que “una alta porción de los ingresos de los empleados se vaya por las cañerías de un transporte público costoso y malo; de un servicio eléctrico incosteable y deficiente y una educación privada onerosa.
