El agroempresario Osmar Benítez advirtió ayer que “intereses oscuros”, intentan desacreditar las subastas de los permisos de importación que realiza el Gobierno a través de la Bolsa Agroempresarial.Benítez, presidente ejecutivo de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD), no identificó con nombre y apellido esos grupos, pero refirió que “existe un importador que se quedó con un permiso obtenido en la transición del gobierno pasado por RD$10 millones y al no tener tiempo para transarlo ha quedado disgustado”. Aseguró que hay conformado un grupo de personas con la encomienda de desprestigiar la decisión del presidente Danilo Medina, con el interés de que una vez transcurra este gobierno, el siguiente restablezca la forma tradicional de autorizar las importaciones de rubros agrícolas.
El mercado que se creó en torno al tráfico y venta de los permisos (papeles, a veces de gente que ni siquiera conocía el producto que le autorizaron importar) tomó tanta fuerza que llegó a representar RD$2,000 millones en beneficio de quienes incurrían en la acción, de los cuales RD$300 millones eran por concepto de los permisos para traer ajo de otras naciones, sin contar otros productos, denunció Benítez.
La denuncia se produce en un contexto donde han surgido quejas por parte del sector comercial, luego que el mandatario emitiera el pasado año el decreto 569-12, traspasando a la bolsa la autoridad de realizar las subastas públicas para la asignación de los permisos de importación de los productos de la Rectificación Técnica. Algunas asociaciones comerciales han amenazado, incluso, con llevar el caso a los tribunales. Pero Benítez dejó claro ayer que la política comercial agrícola del país la maneja el Gobierno y no la JAD ni la Bolsa Agroempresarial. “Y cuando se dice que ambas instituciones están detrás de eso se esconde otro propósito en las acciones”. El negocio de vender a otras personas o empresas los permisos de importación que otorgaban los gobiernos viene desde el año 1995, según el representante de la JAD y eso se frenó ahora. Informó que un funcionario de una gestión pasada tenía 29 compañías fantasmas registradas para autoasignarse permisos. “Hay gente en el país sangrando por la herida y ahora quieren desprestigiar el sistema”, apuntó.
“El Presidente es quien, en ejercicio de las facultades constitucionales, emitió el decreto 569-12, disponiendo que la asignación grado a grado, poco transparente y oscura que se hacía de los permisos de importación, quedará atrás y que se regulara haciendo eso de manera pública, abierta, transparente y delante de la prensa. Al mandatario le interesa que todo el país pueda competir y saber quién compite por los permisos, la cantidad, los productos y fechas en que éstos se conceden. Desde hace años nadie sabía en qué condiciones se otorgaban los permisos”, dijo Osmar Benítez. Rememoró que en febrero del año 1995, en el gobierno de Joaquín Balaguer, la JAD publicó un comunicado donde pedía al presidente que se modificara la política de asignación de los permisos de importación, porque con la política oculta que nadie conocía, se le hacía daño a los sectores productivos del país y se afectaba los comerciantes organizados que pagaban sus impuestos.
