Ha sido el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán, y no el Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito, quien ha llevado al plano personal y ofensivo el conflicto generado por las sentencias de descargo del senador Félix Bautista y del alcalde de San Francisco de Macorís y es él quien debe pedir disculpas.
El jefe del Ministerio Público se limitó, cumpliendo con su deber, a enjuiciar la decisión de dos jueces, deplorando que el sistema de justicia le fallara a la nación ya que sentencias complacientes o benignas en casos alarmantes de corrupción, estimulan el robo de los recursos públicos. El presidente de la Suprema no tenía razón para sentirse molesto y su reacción, acusando al procurador de “irreflexivo” e “inmaduro” y de ejercer un “populismo judicial”, invitando a la “desobediencia civil”, es impropia de quien ocupa tan altas funciones. El señor Germán mostró con ello una imperdonable parcialidad y debería renunciar por ello, reconociendo su error por respeto al buen nombre de la República y el de la Justicia que él, sólo por razones políticas conocidas, representa.
Las sentencias que originaron esa reacción del titular de la corte han conmocionado a la sociedad, pues en ellas se ve el enorme compromiso del liderazgo del poder judicial con un sector del oficialismo, aniquilando todo esfuerzo dirigido a adecentar la vida pública, afianzar el estado de derecho y transparentar el uso de los recursos de la nación. Por tanto, si ha habido en este caso acción “irreflexiva” de una de las partes, ha sido sin duda la del presidente de la Suprema, obligado por razones elementales de ética y caballerosidad a admitir su error, pedirle excusas al país y renunciar a su cargo. Su inadmisible parcialidad lo inhabilita para tan altas funciones. Como se ha señalado en el ámbito empresarial, el aparato judicial ha perdido toda credibilidad. Así de simple.
