El año que está por terminar tuvo cinco elementos económicos destacados.
El primero es que continuó la tendencia sostenida a la desaceleración del crecimiento. Desde 2007, año tras año el crecimiento anual se ha venido reduciendo de forma casi ininterrumpida. En 2007 la economía creció 20% menos que en 2006, en 2008 un 38% menos que el año anterior, en 2009 un 34% menos, en 2011 un 42% menos y en 2012 terminará siendo un 11% menos que en 2011. Esto indica que la economía está teniendo cada vez menos capacidad para crecer y para generar oportunidades de empleo y negocios para las personas. La cifra de crecimiento con que cerrará el año será probablemente menor a 4%, lo que apunta a un aumento del desempleo.
Aunque el ambiente internacional tiene una cuota de responsabilidad en ello, también hay causas internas que la explican, vinculadas a la ausencia de políticas de desarrollo productivo y de aprendizaje y escalamiento tecnológico, y al énfasis puesto en las finanzas y el comercio importador.
El segundo es que el enorme déficit externo apenas se modificó respecto a 2011, manteniéndose en más de US$4 mil millones o 7% del PIB. Esto reitera la debilidad del aparato productivo que se muestra incapaz para acrecentar de forma sostenida y notable sus ventas externas así como para competir con las importaciones. Esto resulta en parte de un vacío de políticas y hace que la economía sea intrínsecamente dependiente de créditos externos y de inversión extranjera.
El tercero ha sido el más conocido: el impresionante desborde del gasto público que hizo multiplicar el déficit casi por siete respecto al presupuesto inicial del año. Aunque ese presupuesto era una ficción, el tamaño del descuadre fue inesperado aún para los más incrédulos. Pero lo más relevante de esto no es el déficit mismo, sino lo que terminó revelando: la profunda debilidad de nuestras instituciones, y la capacidad y el poder que tiene un Presidente y una administración para violar leyes, normas y procedimientos sin que la justicia y/o el Congreso actúen, por la madeja de complicidades tejidas alrededor del poder político y que logra atropellar impunemente al resto de la sociedad.
El cuarto es las presiones cambiarias que se vieron entre septiembre y noviembre y que empujaron a una devaluación del peso a un ritmo superior al que habíamos visto desde hacía varios años. Lo novedoso de esto es que destapó otra realidad: la fragilidad cambiaria en la que vivimos derivada de la dependencia de créditos externos e inversión extranjera. Cuando se vislumbran riesgos fiscales como dificultades para cumplir con metas presupuestarias pre-establecidas, o para pagar la deuda o contratar nueva deuda en términos razonables, el mercado cambiario reacciona y pone a todo el mundo en vilo.
El quinto es que el sector público consolidó su rol como la gran fuente de negocios del sector financiero. El crédito al gobierno siguió creciendo y aumentando su participación en el crédito total mientras el crédito al sector privado, y en especial al sector productivo, mostró escaso dinamismo. Con ello, se acrecentó el perfil cada vez más rentista de la economía, y continuó empujando al Estado hacia los límites de su capacidad de endeudamiento.
De esos elementos se desprende un legado encabezado por un fuerte deterioro institucional, especialmente en el ámbito fiscal pero que, como ya se dijo, toca también a un Congreso y a un Ministerio Público que se han mostrado, nueva vez, inoperantes e incapaces de cumplir con su rol debido al sistema de complicidades del que forman parte. El otro legado es más deuda interna y externa para cerrar la brecha fiscal, y por lo tanto menor capacidad crediticia a futuro y compromisos mayores. Aunque el paquete tributario aprobado forma parte de ese proceso, tiene que ver más con lo que pasó antes de 2012 (por ejemplo más deuda y compromisos con educación). Un tercero es una situación de mayor vulnerabilidad y riesgo cambiario para 2013.
El cuarto y último, pero el más importante es el movimiento social que emergió, gatillado por el desastre fiscal y por las descaradas evidencias de cómo la corrupción ha permeado la administración del Estado. Dadas las miserias de las opciones políticas actuales, la efectividad de ese movimiento es crítica para la construcción de un nuevo Estado para una nueva economía y una nueva sociedad.
