En el ámbito mundial existe un principio del que no escapa la República Dominicana: Los representantes de las cámaras congresionales no deben legislar en su beneficio particular. La intención es que todas las leyes sean de beneficio colectivo, trato igualitario y sin discriminaciones ni privilegios.
Con las modificaciones que los legisladores, tanto senadores como diputados, han introducido al proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado dominicano, esta iniciativa ha sufrido grandes cambios. Aún así, es una legislación necesaria para poner un orden, aunque sea mínimo, en los niveles salariales y los beneficios adicionales que reciben los servidores públicos.
Pero no hay dudas de que la modificación más criticable es la que acaba de hacer la Cámara de Diputados, al incluir en el artículo que elimina los beneficios adicionales que reciben los funcionarios y servidores públicos siempre que se trate de actos propios de sus funciones, una línea que exceptúa a los legisladores y los remite a lo que establezca su reglamento interno. Es decir, los diputados se han excluido y han hecho lo mismo con los senadores, de la disposición que les quitaría los beneficios e incentivos que reciben en forma adicional a sus salarios. Una limitación que sí están aplicando para prácticamente el resto completo de los servidores públicos, incluso de otros poderes del Estado dominicano.
Pero además, el artículo 93 de la Constitución de la República, que se refiere a las atribuciones del Poder Legislativo, dice en el acápite q): “Legislar acerca de toda materia que no sea de la competencia de otro poder del Estado y que no sea contraria a la Constitución”.
Al establecer niveles salariales y condicionalidades sobre beneficios adicionales de los funcionarios de otros poderes del Estado, el proyecto en cuestión podría terminar, luego de ser ley, en el Tribunal Constitucional, desde donde ya su presidente adelantó su opinión, la cual es contraria a lo que hasta ahora han aprobado los legisladores.
