Las ciencias del chivoexpiatorismo o arte de culpar siempre al otro, es tal vez, el mejor recurso de los que pretenden lavarse las manos frente a la lamentable y desafortunada crisis postelectoral. Unos no la creyeron posible, otros la preludiaron y los verdaderos responsables, para lo único que se organizaron fue para sacar ventajas de ella. Los líderes del 1% y el cero no se sabe que por ciento, de no existir la crisis, estos pseudos líderes estuviesen hoy con la cabeza cubierta de ceniza, escondiendo la cara en una bacinilla de porcelana y dándose golpes de pechos por sus incoherencias de unirse sólo para el caos, la turba que hace morir inocentes y la anarquía antiestado de derecho, y no para la lucha inteligente digna de líderes políticos con causas y compromisos más allá de una candidatura.
Una Ley General Electoral obsoleta (275-97), inconsistente, antinómica e inconstitucional, sumada, por demás, a un sistema en su máxima degradación. Degradación ésta de entelequias llamadas partidos. La que todos y cada uno, sin excepción: fracturados y divididos en más de una parcela o grupos; es la maraña electoral con que tuvo que lidiar la JCE, para mínimamente organizar unas elecciones en paz y civilizadas.
La ruptura de la institucionalidad de la llamada democracia interna partidaria, provocada más que todo por las primarias de encuestas. Dieron lugar a los primeros muertos de este período electoral y que han seguido en esta crisis irresponsable postelectoral. Se ha hecho de la violencia algo consustancial a todo proceso eleccionario dominicano. No es un secreto que la guerra entre los que se aplican cualquier método sin importar su naturaleza ética para eliminarse entre sí y a sus partidarios: en el PLD, PRD, PRSC, PRM y las otras cosas, lo que hicieron internamente fue firmar entre ellos, con el fin de concurrir juntos; un armisticio de guerra electoral, que por la ausencia real de liderazgo, rebrotó por generación espontánea de forma violenta e incontrolable de uno a otro en cada colegio electoral.
El error grave de la JCE fue no aplicar a los que reclaman hoy el cumplimiento de la Ley 275-97, el imperio de esa misma ley, cuando no cumplieron con los plazos de alianzas, o mercado persa, y de inscripción de candidaturas o botín personal. La JCE dejó que las luchas intestinas y los negocios electorales se tragaran el cronograma electoral con prórrogas y chances al margen de los límites establecidos y, como dice un aforismo: “cuando de la prórroga se hace una norma, la ley pierde razón de ser”.
El expresidente Andrés Pastrana (Colombia), la OEA y los organismos de observación electoral nacionales y extranjeros, reclaman y exigen, todo lo que aquí se sabe y se ha previsto. Que carecemos de una legislación electoral y de partidos actualizada que regule un derecho fundamental como es la democracia en la sociedad e interna en las agrupaciones políticas.
La pregunta que debemos hacernos ante esta crisis política postelectoral, es ¿dónde están los constitucionalistas dominicanos y los expertos en derecho comparado electoral? ¿Dónde están los togados que defendieron la reforma constitucional y la reelección?
El Estado dominicano asumió un compromiso a través de la Ley 1-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, en este caso, llamadas reformas asociadas al primer eje, en su artículo 29.6 que cito: “La normativa democrática del sistema político, especialmente en lo relativo a los sistemas de partidos y electoral, se aprobará y consolidará en un plazo no mayor de tres (3) años”.
El plazo previsto por esta Ley 1-12 del 25 de enero de 2012, tenía como finalidad haber alcanzado la meta para estas elecciones de una normativa democrática del sistema político y electoral, evitando así, una crisis como la que nos acogota; pero, por carecer de una cultura de continuidad de Estado, estamos en ella.
