Ley 28-01 queda corta frente a la pobreza fronteriza

A la Ley 28-01, de Desarrollo Fronterizo, le quedan cinco años de vigencia, de los 20 para los que fue creada, y es poco probable que en ese tiempo los sectores que están en su contra se pongan de acuerdo con quienes la favorecen.Es…

A la Ley 28-01, de Desarrollo Fronterizo, le quedan cinco años de vigencia, de los 20 para los que fue creada, y es poco probable que en ese tiempo los sectores que están en su contra se pongan de acuerdo con quienes la favorecen.

Es una ley que consiguió oposición temprano, desde que fue promulgada en el año 2001, y las razones de esa oposición no hay que buscarlas muy lejos. Son básicamente intereses de tipo económico. La 28-01 fue un instrumento jurídico creado con el propósito de abrir oportunidades para siete provincias fronterizas de la República Dominicana, especialmente vía los empleos. Sin embargo por las facilidades impositivas que ofrece para las empresas que se instalen en eso puntos geográficos cargados de miseria, generó recelos de otros sectores, entre ellos, de la industria.

Las siete provincias incluidas en la sombrilla de la Ley 28-01 son Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez, Barahona, Bahoruco, Independencia, Pedernales y Elías Piña. De todas ellas, Montecristi ha sido la más aventajada si se toma en cuenta que de las 113 empresas surgidas al amparo de la ley tiene más del 50% (65 empresas) y la mayor cantidad de empleos nacionales y de extranjeros generados (4,234 en total).

Las 113 empresas generan 8,541 empleos para nacionales, 2,520 de extranjeros (11,061 en total) y agrupan una inversión de RD$10,561.2 millones. La actividad más beneficiada ha sido la agrícola, por la cantidad de factorías de arroz, fincas bananeras, ganaderas y de frutales que existen, de acuerdo a los cálculos realizados por el director general de Desarrollo Fronterizo, Miguel Bejarán. El funcionario, en una conversación con elCaribe, aseguró que existen algunas actividades fabriles, especialmente ligadas a la metalmecánica y los plásticos. “Hay una empresa refresquera también”, indica en la conversación sostenida en la sede de la institución que dirige, ubicada en la calle Doctor Delgado, número 22, en Gazcue, Santo Domingo.

A la ley le han pasado 14 años, pero la mayor parte de las evaluaciones que se realizan sobre ella indican que no ha podido llenar su cometido y la pobreza, si bien ha bajado algunos puntos en las provincias fronterizas, se mantiene a niveles preocupantes, especialmente en Elías Piña.

En eso coinciden, por ejemplo, la propia Dirección General de Desarrollo Fronterizo, así como Greidys Joel Roa Chalas, colaborador del Observatorio Político Dominicano (OPD). Miguel Bejarán plantea desde ya, que es importante ir meditando para, “una vez la Ley 28-01 cumpla sus 20 años, ver la pertinencia de hacer que continúe”. Bejarán reconoce que la normativa hay que revisarla porque en 20 años que habrán pasado sobre ella, los tiempos son otros y algunas realidades también. Indica que de las siete provincias solo Montecristi y Pedernales han crecido en término poblacional.

Dijo que a la provincia Montecristi la producción bananera le ayuda bastante, porque en ese renglón es competitiva. “La combinación de la producción bananera, más la cantidad de empresas colocadas en Montecristi han favorecido que pueda crecer en población por la dinámica que se origina con eso”, apuntó.
“Los empresarios que están en Santo Domingo entienden que estas empresas que están en la frontera les hacen una competencia fuera de contexto. Sin embargo, si fuera tan buena la zona fronteriza, estoy seguro que muchos empresarios intentarían estar allá. Yo te puedo decir que más del doble de las empresas que están aquí se han instalado en la frontera y ya no existen. Eso significa que no es tan fácil quedarse y permanecer en la frontera”, dice Bejarán.
Mientras, Roa Chalas explica que la parte central de la ordenanza se resume en sus artículos 2 y 3. Y agrega que el párrafo único del artículo 2 sostiene que las empresas industriales, agroindustriales, agropecuarias, metalmecánica, de zonas francas, turísticas, metalúrgicas y energéticas, y de todo tipo de empresas permitidas por las leyes dominicanas establecidas y que se establezcan en el futuro, que operen dentro de los límites de las provincias de Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, disfrutarán de una exención de 100% del pago de impuestos internos, de aranceles aduaneros sobre materias primas, equipos y maquinarias, así como cualquier tipo de impuesto, durante un período 20 años.

Se les otorga, además, un 50% en el pago de libertad de tránsito y uso de puertos y aeropuertos. En adición, mientras estén vigentes los 20 años de exenciones, el artículo 3 de la ley le otorga a las empresas “una reducción del 50% de cualquier otro impuesto, tasa o contribución vigente a la fecha o que se establezcan en el futuro.

Pobreza recargada

El colaborador del OPD observa que la provincia más pobre del país (según un corte realizado entre 2001 y 2005, del Índice de Calidad de Vida –ICV-) es Elías Piña, con un promedio de 38.2 en 2005 y 49.1 en 2014. La provincia fronteriza de más alto ICV para 2005 fue Dajabón (52.3), desplazada en 2014 por Santiago Rodríguez, con un promedio de 63. Las cifras indican que los bajos niveles de calidad de vida de esa región son persistentes: todas las demarcaciones quedan por debajo del ICV promedio del país en ambos años.

Según los datos de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), citados por Roa Chalas en su estudio, desde 2009 a 2015 la Ley de Desarrollo Fronterizo le ha costado al país RD$12,432.7 millones, significando eso el 1.6% del gasto tributario total para ese período y el 0.09% del producto interno bruto.

La frontera agrupa una serie de comunidades marginadas donde la mayor parte de los indicadores de desarrollo humano están por debajo de la media nacional, tanto en el nivel de salud, de empleos y de escolaridad. Eso ha generado, a su vez, un problema de emigración. La gente emigra porque no tiene oportunidades para desarrollarse, para ejercer su trabajo, el derecho a la vida.

La AIRD ha visto riesgos a la seguridad jurídica

En Dajabón bajo amparo de la Ley de Desarrollo Fronterizo hay 19 empresas activas, con 521 empleos; en Santiago Rodríguez hay 16 empresas y 1,951 empleos; en Bahoruco hay tres empresas y 279 empleos; en Independencia cinco empresas y 203 empleos; en Pedernales hay tres empresas y 695, y en Elías Piña hay dos empresas y 1,891 empleos.

Uno de los sectores que ha criticado duramente la Ley de Desarrollo Fronterizo es la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD). Esa institución ha advertido en diversos escenarios y momentos que “cuando se permite que una ley fomente la competencia desigual se daña la industria, la imagen del país y la seguridad jurídica”.

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