Ley no acabaría con privilegios

Aunque los diputados lo aprueben de manera definitiva  durante la sesión extraordinaria convocada para este lunes,  el contenido del proyecto de Ley de Salarios no eliminará los privilegios económicos ni los fondos asistenci

Aunque los diputados lo aprueben de manera definitiva  durante la sesión extraordinaria convocada para este lunes,  el contenido del proyecto de Ley de Salarios no eliminará los privilegios económicos ni los fondos asistencialistas que reciben los actuales miembros del Congreso Nacional. Esta explicación de Reinaldo Pared Pérez, presidente del Senado por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se basa en el artículo 110 de la Constitución de la República, donde se establece que “la ley sólo dispone y se aplica para lo porvenir. No tiene efecto retroactivo sino cuando sea favorable al que esté subjúdice o cumpliendo condena”. El principio se extendería, por lo tanto, a los titulares de la Junta Central Electoral, el Tribunal Constitucional, la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Superior Electoral, quienes fueron designados por el Consejo Nacional de la Magistratura mucho antes de que la normativa fuera propuesta.

De este modo, hasta las elecciones congresuales del 2016, los 190 diputados y los 32 senadores seguirán cobrando  RD$3,500 cada vez que asistan a las reuniones de sus respectivos hemiciclos y participen de las actividades de sus  comisiones legislativas. En la Cámara de Diputados el desembolso por este concepto se mantendrá en unos RD$9 millones 150 mil al mes, equivalente al ingreso regular de 1,663 rasos de la Policía Nacional.  Este “dinerito”,  como suelen llamarlo algunos legisladores,  es independiente de los RD$175 mil que reciben de salario, los RD$45 mil de gastos de representación, los RD$3,500 para la cobertura de la telefonía móvil, y RD$22 mil de combustible.

Los senadores devengan beneficios similares, pero  de acuerdo a las declaraciones de Ruddy González, Aníbal Rosario, Esther Minyetti y otros diputados del PRD y del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), se colocan en un marco de privilegio todavía mayor porque manejan a discreción un Fondo de Asistencia Social (Barrilito) para cada provincia, el cual oscila entre RD$400 mil y RD$900 mil por mes. Quienes conforman la Cámara Baja no ven con buenos ojos ese fondo senatorial porque  sobrepasa, en un 700 por ciento, al suyo, mejor conocido como el “Cofrecito”, de RD$50 mil mensual.

La eliminación de privilegios del proyecto de Regulación Salarial del Estado fue reintroducida el jueves por los senadores en el artículo 26 de la pieza, luego de que la Cámara Baja la sacara en la sesión anterior a propuesta de los diputados Abel Martínez, Ramón Rogelio Genao, Víctor Suárez, Ruddy González y Radhaméz Camacho.

“Eso fue doble moral de los senadores, incluido Reinaldo (Pared Pérez), porque nosotros cambiamos el artículo porque había un consenso en los partidos”, dijo el diputado Aníbal Rosario a elCaribe.

Contra el reloj

Si los diputados no acogen este lunes las modificaciones que hiciera el Senado al proyecto de Ley de  Salarios, la pieza será desechada, por lo que sus proponentes tendrían que reintroducirla en el  Congreso a partir de la siguiente legislatura, que inicia el 16 de agosto.

Así lo establece la Carta Magna en su artículo 99, que reza de la siguiente manera: “Aprobado un proyecto de ley en una de las cámaras, pasará a la otra para su oportuna discusión, observando las mismas formalidades constitucionales. Si esta cámara le hace modificaciones, devolverá dicho proyecto modificado a la cámara en que se inició, para ser conocidas de nuevo en única discusión y, en caso de ser aceptadas dichas modificaciones, esta última cámara enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si aquéllas son rechazadas, será devuelto el proyecto a la otra cámara y si ésta las aprueba, enviará la ley al Poder Ejecutivo. Si las modificaciones son rechazadas, se considerará desechado el proyecto”.

Ya el presidente de los diputados, Abel Martínez, dijo a la prensa que el ánimo vigente es el de respaldar sin demora las rectificaciones propuestas por los senadores.

Sin embargo, el vocero de la bancada perredeísta, Ruddy González, consideró que lo más beneficioso es dejar pasar las actuales pasiones y debatir el tema después de la juramentación de Danilo Medina como presidente de la República.

Es decir, luego del 16. Si esto ocurriera, el gabinete nombrado de inmediato por Medina no podría ser remunerado en el marco de la nueva ley, por el principio de la irretroactividad de las leyes.

Figuras del congreso

Reinaldo Pared
Presidente del Senado
El presidente del Senado y secretario general del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinaldo Pared Pérez,  dijo a modo de advertencia que el proyecto de Ley de Salario es del interés especial del presidente electo Danilo Medina. A los diputados que temen perder sus privilegios, les dijo que la norma no regirá al Congreso hasta el 2016.

Abel Martínez
Presidente Cámara Diputados
El presidente de la Cámara de Diputados convocó a sus homólogos para este lunes a las 10:00 de la mañana. En la agenda, o por lo menos en la del PLD, el punto principal es el que corresponde a la aprobación inmediata del proyecto de Ley de Salarios enviado por los senadores también morados.

Ruddy González
Vocero del PRD
El vocero de los diputados del PRD entiende que la normativa tiene que aprobarse, pero luego del 16 de agosto, lejos de las pasiones que recientemente se han despertado entre las dos cámaras legislativas. Ruddy González resaltó que las enmiendas que la Cámara propuso nunca fueron inconstitucionales.

Controlar los salarios del Estado

El proyecto de Ley de Regulación Salarial del Estado establece un tope salarial de RD$400 mil  al mes para los presidentes del Senado, Cámara de Diputados, Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Constitucional. A los miembros de la  Cámara de Cuentas, al Procurador General de la República, y al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo les fija un sueldo máximo de RD$350 mil, mientras que para el  Contralor General señala RD$300 mil pesos.

Además, elimina el uso de tarjetas de crédito por parte de funcionarios, diseña los criterios generales para la asignación de remuneraciones, y designa al Ministerio de Administración Pública como el responsable de ejecutar con los distintos estamentos del Estado las variaciones de pago. El equipo de transición del presidente electo Danilo Medina ha trabajado intensamente en este proyecto, en el interés de que rija desde el 16 de agosto. El presidente del Senado dice que quienes lo rechazan tienen intereses personales.

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