A pesar de que el país cuenta con una ley y sus reglamentos para fomentar la construcción de viviendas económicas para las personas que no tienen, en la práctica se avanza poco. Y la razón principal que identifican los conocedores del tema, entre ellos, constructores y promotores de viviendas, es que todavía no se ha entregado el primer bono, de los que contempla la Ley 189-11, sobre Desarrollo del Mercado Hipotecario y Fideicomiso para quienes lo necesitan como completivo del pago inicial.
En términos generales, los pocos bonos que han otorgado se concedieron basado en un decreto que emitió el pasado año el presidente Danilo Medina, no por efecto de la citada legislación. “Entendemos que la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) ha obstaculizado mucho el proceso de entrega de bonos y debe hacerse una revisión, porque para que esta ley funcione se le debe quitar la prerrogativa a ese organismo. Los bonos deben ser manejados por otro departamento distinto a Impuestos Internos, que podría ser el Ministerio de Hacienda”, sostiene el presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Vivienda (Acoprovi), Fermín Acosta, cuando aborda el tema a pedido de elCaribe.
Acosta entiende que la de Fomento del Mercado Hipotecario y Fideicomiso es una ley con un enfoque social, pero la DGII es una institución cuyo enfoque básico se concentra en la captación de recursos, no en la entrega de recursos. Lo que plantea el dirigente es que existe una incongruencia entre ambas “cosas”.
Pero las quejas de Acoprovi no son las únicas. La Asociación de Empresas Inmobiliarias, a través de la pasada presidenta Alemny Garabito, asegura que conoce poca gente o ninguna que haya obtenido un bono. Lo propio opina el constructor y representante empresarial Jaime González.
¿Cómo se obtiene un bono?
Para gestionarlo existen pocas complicaciones, según Acosta. “Si una gente no tiene vivienda debe buscar una constancia en la Oficina de Registro de Castrato. Esa constancia se le entrega a la fiduciaria que está gestionando el proyecto a través del promotor o de manera directa, y la fiduciaria se encarga de hacer la gestión ante los organismos estatales”, plantea.
“La visión de la DGII está contrapuesta con los objetivos de la ley. Y el mejor ejemplo de eso es que todavía no ha salido el primer bono a través de la ley. Entonces, no hay mayor discusión que esa. El esquema no ha funcionado a pesar de que el Ministerio de Obras Públicas implementó la Ventanilla Única y a pesar de que el Instituto Nacional de la Vivienda ha estado desenvolviéndose con mucha presteza”, indica Fermín Acosta.
Las veces que en el país se habla de los beneficios que traerá la Ley 189-11 con frecuencia se argumenta que se expresaría en dos vertientes donde el elemento común sería ganar-ganar. Por un lado, habría más solicitudes de los interesados en tener un techo y por otro, se dinamizaría el negocio para quienes promueven y construyen esas viviendas. En la práctica la balanza no ha funcionado así, porque no se ha fomentado en definitiva la producción masiva de viviendas, dicen Acosta y González.
Y lo que plantean, por lo menos Acosta, es que “el hecho de que se construyan viviendas de bajo costo no implica un sacrificio fiscal mayor para el Gobierno”, porque lo que hace éste es que una parte de los impuestos que pagan los constructores -en el proceso de construcción- los devuelve de manera focalizada (en este caso, al adquiriente de la vivienda), pero la otra parte de esos impuestos van a las arcas normales del Estado. “Lo que estamos dejando claro es que el Gobierno no tiene que sacar dinero del Presupuesto Nacional para darle bonos a la gente, sino que nosotros pagamos el impuesto, y de ese impuesto que nosotros pagamos se les reembolsa una parte a los adquirientes de viviendas”, apunta el representante de Acoprovi.
Hasta el 2012, República Dominicana tenía un déficit habitacional de unas 900,000 unidades y una demanda que en ese tiempo se situó en las 143,000 viviendas, de acuerdo a un estudio realizado por la firma Ecomi-K, del economista Bernardo Fuentes. Eso indica que de alguna manera hay que ofrecerle una opción a esa gente que no tiene casa. “Pero por el camino que vamos esa solución no llegará. No veo evidencia de que se esté trabajando para revertir eso, indica Acosta.
Hay una pregunta sobre los RD$9,000 millones
Los promotores de viviendas recordaron ayer que en la celebración de la Cuarta Mesa de la Vivienda, el pasado año, el INVI anunció que daría RD$9,000 millones en bonos a los adquirientes de los proyectos aprobados. “Pero pregunte usted cuántos bonos se han dado”, indicó el dirigente de Acoprovi.
La Cuarta Mesa de la Vivienda fue un evento donde se presentaron a las autoridades gubernamentales los temas que preocupan al sector, entre ellos la Ley de la Vivienda de Alquileres y la necesidad de la creación del Ministerio de la Vivienda en el país.
Ayer, Jaime González aseguró que ha habido y hay la disposición del sector empresarial de incursionar en la actividad de la construcción y afianzar con el espíritu de la Ley 189-11. “Del lado público y privado se pusieron de acuerdo y eso ha ido avanzando, pero no con los resultados que se esperaban”, apuntó.
La DGII dispuso el pasado año como requisito para los beneficiarios de una vivienda económica que para recibir la compensación del ITBIS, deberán estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y solicitar un registro como beneficiario del Estado.
