Abierto el debate sobre los retos institucionales de la República Dominicana, es importante identificar claramente los temas que permitirán avances en esta materia y contar con un compromiso real de los actores políticos y sociales, con una agenda de reformas. Es necesario hacer consciencia de que aunque los cambios en el marco jurídico son fundamentales, estos por sí solo no bastan. El fortalecimiento de la institucionalidad democrática, además de nuevas leyes, requiere de cambios profundos en las prácticas y actitudes de la clase política y los ciudadanos, es decir, de una nueva cultura política.
La combinación de una legislación adecuada, de instituciones que las hagan cumplir y de actores políticos orientados por valores democráticos, contribuirá a mejorar la calidad del sistema político dominicano. La agenda de reformas institucionales y de cambios en las prácticas políticas, deberá abarcar tres grandes áreas: el sistema de frenos y contrapesos políticos, el sistema político-electoral y la modernización del Estado.
Un primer propósito de los esfuerzos por mejorar la institucionalidad debe ser el de definir y poner en vigencia los arreglos institucionales necesarios para el efectivo funcionamiento de los frenos y contrapesos políticos en el país. Una parte de estos arreglos están en la Constitución y en algunas leyes adjetivas; deben aprobarse otras, para que el ejercicio del poder tenga control y límites reales.
No se llegará muy lejos en materia de institucionalidad, si el Congreso Nacional y la Justicia no juegan el rol que les corresponde en una democracia. Aunque el Poder Legislativo esté controlado por el partido en la presidencia de la República, no debe renunciar a competencias esenciales como la de fiscalizar al Ejecutivo, velando por la forma correcta en la que deben gastarse los recursos públicos.
Por otro lado, para que las Altas Cortes puedan cumplir con su rol, su integración deberá estar despojada de los intereses partidarios y de la lógica de la repartición que ha imperado en ocasiones anteriores. Sin una justicia independiente y autónoma, no es posible una democracia basada en el Estado de derecho. Se requiere además, de órganos de control que cuenten con autonomía, no solo presupuestaria, sino esencialmente en su desempeño.
Un sistema de contrapeso que garantice la gobernabilidad democrática, necesita del control social a partir de una ciudadanía activa y de organizaciones sociales fuertes. Es imprescindible una sociedad desempeñando su papel de orientación y movilización de los(as) ciudadanos(as) por un lado, y de crítica y elaboración de propuestas por otro. Junto a esto, es fundamental contar con una prensa libre, para que se den pasos firmes hacia una democracia de calidad.
