Con la implementación del Plan Nacional de Regularización y la Ley 169-14, por primera vez en la etapa política moderna, un gobierno actúa de manera responsable, justa y humana ante el terrible drama de la inmigración legal.
Ninguno de nuestros gobiernos posteriores a la tiranía trujillista, había asumido con un sentido tan eficaz y humanitario el grave problema de los ilegales, sobre todo haitianos, que están en nuestro territorio. Trujillo fue el único que adoptó una sanguinaria e inhumana política de regulación migratoria, la cual tuvo como punto culminante la cruel matanza de miles de haitianos en el año 1937.
Esa política trujillista no tuvo resultados concretos, pues más de 70 años después la problemática es mayor. Los gobiernos del doctor Balaguer mantuvieron una política irresponsable de contratación de braceros haitianos para el corte de la caña y se hizo el ciego ante la avalancha de ilegales a nuestra nación. Los gobiernos posteriores del PRD y del PLD hasta el gobierno actual, no habían adoptado ninguna decisión firme para enfrentar ese reto de frenar la inmigración ilegal pero con un sentido claro de respeto a los derechos humanos de esta gran cantidad de ilegales haitianos, que vienen a nuestra nación en busca de mejores condiciones de vida que no encuentran en su patria.
A raíz de la nefasta sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que buscaba quitarle la nacionalidad a un grupo de dominicanos de origen haitiano y que presagiaba un grave conflicto internacional para nuestro país, el presidente Medina logró aprobar la Ley 169-14 que enderezaba el entuerto de la sentencia del tribunal y de inmediato empezó a implementar el Plan Nacional de Regularización, mediante el cual se da oportunidad, con sentido de justicia y humanidad, a todos los inmigrantes ilegales a regularizar sus status.
Este plan ha sido un éxito en todos los sentidos, pues ha permitido actuar con criterios responsables y humanos ante la inmigración ilegal. Según los datos, entre el 2 de junio del 2014 y el 17 de junio de 2015 se registraron 288 mil 486 solicitudes de regularización migratoria, la gran mayoría de haitianos, las cuales serán revisadas y respondidas dentro de los 45 días siguientes, hasta el 1 de agosto de este año. En el transcurso del Plan se consideraron varias medidas especiales, y una de ellas fue el otorgamiento de un estatus migratorio regular por parte de la Dirección General de Migración, a los trabajadores cañeros que fueron pensionados, sin poseer documentos de identidad y que demostraron haber entrado al país antes del 19 de octubre de 2011. De igual modo, a los estudiantes extranjeros que cursan estudios en el país les será eliminado el coste de la estadía y su estatus migratorio durará hasta el término de sus carreras.
No es cierto que se van a producir deportaciones masivas y abusivas de ilegales haitianos. Esa es una falacia que quieren vender los que se oponen a la forma humana, justa y solidaria con la que el gobierno del presidente Medina ha estado actuando frente a este difícil y complejo problema. La nación dominicana, como todas las naciones del mundo, tienen derecho a legalizar los extranjeros ilegales y a deportar a aquellos que no regularicen su status. Y eso está haciendo con la fuerza de la Ley pero también con un gran sentido de respeto y de Justicia, porque los haitianos, como los dominicanos, son también seres humanos.
