El sector industrial advirtió ayer que la Ley 28-01, sobre Desarrollo de la Región Fronteriza, es inconsistente con la Estrategia Nacional de Desarrollo y que su aplicación es más dañina que beneficiosa.Los industriales, que ayer sostuvieron un encuentro con una representación muy numerosa de empresas, advirtieron que la ley 28-01 establece incentivos desproporcionados para actividades similares a las ya existentes en la industria nacional que, por tanto, afectan negativamente el encadenamiento productivo (cadena de valor).
La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) convocó a la prensa para presentarle un estudio realizado por el economista Roberto Despradel, que entre otros puntos asegura que la citada normativa crea una distorsión en el aparato productivo nacional al generar un clima de competencia desigual y la creación desproporcionada de beneficios a escasas empresas.
“Como está concebida la ley no garantiza la sostenibilidad de los proyectos de inversión en el largo plazo y representa un obstáculo para las inversiones ya existentes (empresas instaladas) fuera de su zona geográfica de aplicación”, plantea el estudio. Los representantes de diversas empresas resaltaron que el ánimo del sector industrial cuando pide modificar la ley 28-01 no es evitar el desarrollo de la frontera.
“Ni se trata de conflicto de una zona del país con otra, porque este es un solo país”, planteó Ricardo Koenig, uno de los asistentes a la presentación del estudio.
Los números que presentaron ayer los industriales indican que los empleos directos de las empresas registradas bajo la normativa, según la Tesorería de la Seguridad Social, suman 4,369 empleados. Al dividir el total de gasto tributario de la ley 28-01 entre el número de empleos directos, arroja un gasto tributario estimado de RD$248,000 anuales por cada empleo directo generado.
El gasto tributario se define como el monto de ingresos que el fisco deja de percibir al otorgar un tratamiento impositivo que se aparta del establecido con carácter general en la legislación tributaria, con el objetivo de beneficiar una actividad, zona, contribuyentes o consumo.
